El juez Leopoldo Puente pone al PSOE contras las cuerdas
El Tribunal Supremo ha detectado indicios suficientes para imputar al PSOE por un delito de financiación ilegal. El juez Leopoldo Puente lidera la investigación que se centra en una presunta trama criminal ligada a exdirigentes del partido.
El anuncio podría llegar en semanas, la causa incluye una pieza secreta. Todo surge de registros en constructoras y datos sobre gastos de figuras clave. Todo ello, según la reciente publicación del digital The Objective.
El caso gira en torno a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos fueron secretarios de Organización del PSOE. Ábalos ocupó el cargo hasta 2021 y Cerdán lo asumió después, hasta junio de 2025. Supuestamente, el material clave viene de los allanamientos que tuvieron lugar en junio.
En los registros, la Guardia Civil incautó once dispositivos electrónicos. Incluyendo computadoras y teléfonos, auqnue no se hallaron fondos defraudados directamente. Pero hay evidencias de amaños en obras públicas.
De hecho. Grabaciones de Koldo García, exasesor de Ábalos, las respaldan. García grabó conversaciones con Ábalos y Cerdán en las que hablan de comisiones ilegales.
El juez Puente mencionó en un auto de junio la posible imputación de personas físicas y jurídicas. Ahora, los indicios apuntan al PSOE como entidad.
Se sospecha desvío de fondos vía donaciones, los que, presuntamente, provendrían de comisiones en contratos públicos. Tras esto, el Supremo pidió al PSOE datos desde 2014. Los que incluyen cuotas de afiliados, aportes voluntarios, gastos y pagos por servicios.
El objetivo es verificar irregularidades. Hay un descuadre en declaraciones tributarias de Ábalos y Cerdán y la UCO prepara informes patrimoniales sobre ellos.
Si se confirma, el PSOE enfrentaría responsabilidad penal como persona jurídica y podría implicar multas o disolución parcial. Supuestamente, el juez Puente ya tiene bases sólidas. El requerimiento al PSOE se hizo hace diez días y en ese momento, los indicios eran claros.
La trama se extiende a fraudes en obras, involucra países como República Dominicana, Túnez, Senegal y Armenia. La UCO buscó fondos allí, sin éxito hasta ahora. Pero las grabaciones y documentos incautados son clave.
