La Policía culpa a Marlaska de haberles dejado 'atados de pies y manos' en La Vuelta

La última etapa de La Vuelta a España en Madrid terminó envuelta en tensión y críticas. El dispositivo de seguridad desplegado por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno fue incapaz de contener a los manifestantes propalestinos. La protesta acabó desbordando el recorrido y obligó a detener la carrera ciclista.

En el operativo participaron 1.500 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Sin embargo, apenas una hora después del inicio de la etapa, la situación se descontroló.

Los manifestantes, organizados, lanzaron vallas, botellas y objetos contra los antidisturbios. Las acciones se repitieron en varios puntos del recorrido por el centro de la capital.

Tras los incidentes, los agentes responsabilizan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Consideran que hubo una falta de previsión ante unos disturbios previsibles y que las órdenes políticas priorizaron la imagen sobre la seguridad.

Según fuentes policiales, Interior dio la instrucción de evitar detenciones visibles o escenas de tensión que pudieran generar fotos incómodas. La orden no se plasmó por escrito, pero los mandos aseguran que condicionó la actuación policial. A su juicio, la seguridad de ciclistas, ciudadanos y agentes se sacrificó por motivos políticos.

Los sindicatos policiales fueron unánimes en sus críticas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) acusó al Gobierno de alimentar las protestas. "El presidente ha debilitado la autoridad del Estado y ha dejado en evidencia a los compañeros", denunciaron.

También señalaron que se buscó "cortar la Vuelta" comprometiendo la seguridad de todos. "Se ha atado a los policías de pies y manos. En condiciones normales, la carrera nunca se habría interrumpido", añadieron.

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía, apuntó que el problema no fue solo el dispositivo. Según explican, el verdadero riesgo vino del "clima de blanqueamiento" hacia las movilizaciones.

Consideran que alentar el boicot a un evento deportivo de este nivel es un "ataque a la convivencia democrática" y podría incluso tener consecuencias penales. Exigen responsabilidades políticas inmediatas.

Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) denunció que "los radicales han impuesto la dictadura de la violencia en las calles de Madrid". Subrayaron que los disturbios no solo afectaron al desarrollo de la carrera y a la ceremonia de premios, sino que también pusieron en peligro a los ciudadanos que asistían como público.

La CEP fue más allá al criticar lo que califican como "bochornoso espectáculo" de algunos líderes políticos que, a su juicio, buscaban la confrontación directa con la Policía. Reclaman que todos los partidos condenen sin matices las acciones violentas.

El balance final deja un panorama de enfrentamiento político y malestar en las fuerzas de seguridad. Los sindicatos insisten en que los agentes estuvieron desbordados y sin margen de actuación. La etapa final de La Vuelta, que debía ser una fiesta deportiva, acabó convertida en escenario de disturbios y en nuevo foco de choque entre el Gobierno y la Policía.