Santos Cerdán y José Luis Ábalos se encuentran bajo sospecha del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Y es que el magistrado ha puesto el foco en una obra pública de 158,8 millones de euros.
La Guardia Civil sostiene que el exsecretario de Organización del PSOE y el exministro de Transportes podrían haber recibido un presunto soborno relacionado con esta adjudicación, que se realizó en mayo de 2018, solo días antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno. Así lo confirma ABC.
La construcción del soterramiento de la red ferroviaria de Murcia, conocida como el proyecto de El Mayor, valorada en 158,8 millones de euros, se ha convertido en el centro de atención de los investigadores del caso Cerdán. La obra fue adjudicada el 28 de mayo de 2018 a una UTE compuesta por Acciona Construcción y Ferrovial Agroman, apenas días después de que Pedro Sánchez presentara la moción de censura que derrocó a Mariano Rajoy.
Solo unos días después, Sánchez asumió la presidencia y designó a José Luis Ábalos como ministro de Fomento, cartera que posteriormente se renombró como Ministerio de Transportes.
El interés de los investigadores no se limita a este proyecto. También están bajo escrutinio otras tres adjudicaciones otorgadas entre enero de 2019 y mayo de 2021 a Acciona, junto con compañías como Aquaterra Servicios Infraestructuras, Tecade, Freyssinet y Ferrovial Agroman. La investigación se centra, en gran medida, en varias conversaciones halladas en el archivo del exasesor de Ábalos, quien trabajó primero con Santos Cerdán y luego con Ábalos. Ambos, recordemos, fueron fundamentales en la estrategia que impulsó a Sánchez para liderar el PSOE en las primarias de 2017.
Ábalos en el banquillo
El Tribunal Supremo ha decidido sentar en el banquillo al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el caso mascarillas. La Sala de lo Penal ha rechazado enviar la causa a la Audiencia Nacional, como solicitaban sus defensas. Con esta decisión, el juicio podría arrancar previsiblemente el próximo 7 de abril.
El tribunal ha desestimado las cuestiones previas planteadas por los abogados de ambos acusados durante la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero. La estrategia de trasladar el caso a la Audiencia Nacional buscaba modificar el procedimiento y retrasar el inicio de la vista oral. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha optado por mantener la competencia del proceso y acelerar el calendario judicial.
