El Gobierno ha incorporado en el Real Decreto-ley aprobado con motivo de la crisis derivada de la guerra en Irán una modificación legal que abre la puerta a incrementar el gasto público sin necesidad de nuevos Presupuestos Generales del Estado y con menor control parlamentario. La medida, incluida en una disposición final, ha generado críticas por su alcance y por el momento elegido para su aprobación.
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez sigue operando con las cuentas públicas prorrogadas de 2023, tras no haber logrado sacar adelante nuevos Presupuestos en la actual legislatura. En este contexto, el decreto introduce cambios que afectan directamente a la capacidad de gasto del Estado.
Una modificación clave en la normativa presupuestaria
El cambio se articula a través de la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023, ampliando la capacidad del Ejecutivo para gestionar determinados créditos. En concreto, la nueva disposición permite declarar ampliables ciertas partidas vinculadas a obligaciones del Estado, especialmente en materia de Seguridad Social, pensiones y clases pasivas.
Además, se introduce una excepción a los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria de España, lo que facilita la financiación de ampliaciones de crédito mediante deuda pública. Este punto resulta especialmente relevante, ya que elimina restricciones previas que obligaban a un mayor control sobre el aumento del gasto.
Gasto con deuda y riesgo para el déficit
Según el contenido del decreto, el Ejecutivo podrá recurrir a la emisión de deuda para financiar estos incrementos presupuestarios, en un momento en el que la sostenibilidad fiscal sigue siendo objeto de vigilancia tanto a nivel nacional como europeo.
