El Gobierno vuelve a incurrir en una contradicción difícil de sostener. Mientras desde Moncloa se arremete contra la sanidad privada y, en particular, contra el grupo Quirón, la propia Administración continúa contratando sus servicios. El último ejemplo lo protagoniza RTVE, dependiente del Ejecutivo, que ha adjudicado un contrato de 108.174 euros a Quirón Prevención para realizar reconocimientos médicos a su personal.
La adjudicación, formalizada el pasado 12 de febrero, responde a la necesidad de cubrir los exámenes de salud de los trabajadores de la corporación en distintas provincias. Según la documentación oficial, el contrato se concedió tras un proceso competitivo en el que la oferta de Quirón fue considerada la “más ventajosa”, imponiéndose a otra empresa candidata.
Sin embargo, esta decisión choca frontalmente con el discurso político del Ejecutivo. El propio Pedro Sánchez ha cargado duramente contra Quirón en reiteradas ocasiones, especialmente al criticar el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid. Una crítica que pierde fuerza cuando su propio Gobierno recurre a esta compañía para garantizar servicios básicos.
Mónica García también adjudica a Quirón mientras impulsa su ley contra la privada
La contradicción se extiende al Ministerio de Sanidad. La titular del departamento, Mónica García, ha liderado una ofensiva política contra la colaboración público-privada, llegando a promover una reforma para limitarla. Sin embargo, su propio ministerio ha adjudicado contratos a Quirón para la vigilancia de la salud de sus trabajadores, evidenciando un doble discurso difícil de justificar.
Este contraste entre el discurso y la práctica debilita seriamente la credibilidad de la ministra. Mientras denuncia los supuestos riesgos de externalizar servicios sanitarios, su propio equipo recurre a una de las empresas que más ha criticado. La incoherencia no es menor: pone en duda si las decisiones políticas responden a convicciones reales o a una estrategia ideológica desligada de la gestión efectiva.
A ello se suma que otras administraciones gobernadas por el mismo signo político también han recurrido a fórmulas similares. La externalización de servicios sanitarios no es una excepción, sino una práctica extendida incluso entre quienes públicamente la cuestionan. Todo ello refuerza la idea de que la ofensiva contra la sanidad privada responde más a un relato político que a una alternativa viable.
Igualdad, con Ana Redondo, también recurre a Quirón pese al discurso del Ejecutivo
El patrón se repite en otros departamentos del Gobierno. El Ministerio de Igualdad, encabezado por Ana Redondo, también ha recurrido a los servicios de Quirón. Una práctica que confirma que, pese a la retórica política, la sanidad privada sigue siendo imprescindible para la propia Administración, dejando en evidencia la incoherencia del Ejecutivo.
Lejos de tratarse de un caso aislado, este tipo de contrataciones reflejan una dependencia estructural que el Gobierno evita reconocer públicamente. Cuando se trata de garantizar servicios concretos, la eficacia se impone al discurso ideológico, y Quirón vuelve a aparecer como proveedor habitual.
En este contexto, el Ejecutivo queda atrapado en su propia narrativa. Critica a la sanidad privada en el plano político mientras la utiliza de forma sistemática en la gestión diaria. Una dualidad que erosiona la confianza institucional y que refuerza las críticas sobre la falta de coherencia en la acción de Gobierno.
