Nuevo frente polémico para el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. El Ministerio ha adjudicado dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. Una decisión que vuelve a evidenciar la dependencia de la sanidad privada mientras el Ejecutivo mantiene su discurso contra ella.
En concreto, el primer contrato asciende a 86.156,16 euros y cubre las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, por valor de 18.806,54 euros, está destinado a los procedimientos a partir de esa semana. Ambos acuerdos tienen una vigencia de 24 meses, extendiéndose hasta febrero de 2028, consolidando así un modelo basado en la externalización de este servicio.
