Nuevo frente polémico para el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. El Ministerio ha adjudicado dos contratos por un importe total superior a los 100.000 euros a la empresa Atocha Ginecológica, con sede en Málaga, para la realización de abortos a mujeres residentes en Melilla. Una decisión que vuelve a evidenciar la dependencia de la sanidad privada mientras el Ejecutivo mantiene su discurso contra ella.
En concreto, el primer contrato asciende a 86.156,16 euros y cubre las interrupciones voluntarias del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El segundo, por valor de 18.806,54 euros, está destinado a los procedimientos a partir de esa semana. Ambos acuerdos tienen una vigencia de 24 meses, extendiéndose hasta febrero de 2028, consolidando así un modelo basado en la externalización de este servicio.
Más allá del importe económico, la decisión vuelve a poner en el centro la gestión del Ministerio: evidenciando carencias estructurales en la sanidad pública en el territorio.
Más de 100.000 euros para abortos
Esta decisión no solo supone un importante desembolso de dinero público, sino que también evidencia la prioridad del Ministerio en destinar recursos a este tipo de prácticas en lugar de reforzar otras áreas del sistema sanitario. Más de 100.000 euros destinados a financiar abortos en una clínica privada mientras persisten carencias en la sanidad pública.
Una gestión que vuelve a poner el foco en cómo se están utilizando los recursos sanitarios. El contrato confirma que el servicio no se presta en Melilla, sino que se deriva íntegramente a una clínica privada en Málaga, obligando a organizar desplazamientos y toda la logística asociada con dinero público.
