Sánchez endurece su ofensiva contra las redes sociales con prohibiciones, delitos, control de algoritmos y vetos a los menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a situar a las redes sociales en el centro de su agenda política internacional. Lo ha hecho en Dubái, durante su intervención en el World Governments Summit, un foro global que reúne a líderes políticos y expertos para debatir sobre innovación, tecnología y gobernanza. Desde allí, el jefe del Ejecutivo español anunció un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias con el objetivo declarado de frenar los “abusos de las grandes plataformas digitales” y reforzar la seguridad en el entorno digital.

Entre las iniciativas más destacadas figura la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años en España, una medida que obligaría a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Según Sánchez, los menores son uno de los colectivos más expuestos a los riesgos derivados de la desinformación, los discursos de odio y la explotación de datos personales, fenómenos que, a su juicio, evidencian un “desgobierno” en el control de contenidos digitales.

El presidente también anunció su intención de tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, una propuesta que supondría un endurecimiento del marco legal frente a las grandes tecnológicas. En este sentido, defendió que los sistemas algorítmicos no pueden operar al margen de la legalidad ni contribuir a la difusión de contenidos que vulneren derechos fundamentales o fomenten el odio.

Otra de las medidas anunciadas pasa por poner fin a la impunidad de los directivos de las plataformas digitales, de modo que puedan ser considerados legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus servicios si no actúan con diligencia para retirar contenidos ilegales o de odio. Esta reforma busca, según el Gobierno, reforzar la rendición de cuentas y evitar que las decisiones empresariales queden al margen del control democrático.

En paralelo, el Ejecutivo trabajará junto a la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales en plataformas como Grok, TikTok e Instagram, dentro de una estrategia más amplia de supervisión y control. Además, Sánchez anunció la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad de los discursos de odio, denominado “Huella de Odio y Polarización”, con el objetivo de medir su impacto y exponer la permisividad de aquellas plataformas que faciliten su difusión.

Esta ofensiva forma parte de una cruzada sostenida del presidente contra las redes sociales, a las que desde hace meses señala como uno de los principales focos de desinformación y polarización social. No es la primera vez que Sánchez plantea estas ideas en un foro internacional. Hace un año, en Davos, ya advirtió de que las redes sociales estaban “erosionando” las democracias al simplificar el debate público y fomentar la división social, y reclamó a la Unión Europea “abrir la caja negra de los algoritmos”.

Con la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, España seguiría la senda marcada por Francia, primer país europeo en legislar en esta dirección, y por Australia, que adoptó una medida similar el pasado noviembre. El Gobierno presenta este enfoque como un paso decisivo hacia una gobernanza digital más estricta, en un contexto de creciente preocupación internacional por el poder y la influencia de las grandes plataformas tecnológicas.