Según publica El Debate, los agentes de la Unidad de Policía Judicial de Toledo han detectado esta huella mientras investigan cómo unas grabaciones reservadas terminaron en manos de la prensa
La investigación sobre la tragedia ferroviaria de Urda abre un nuevo frente que alcanza al entorno de La Moncloa. La Guardia Civil ha localizado un supuesto rastro de la Secretaría de Estado de Comunicación en los metadatos de los audios de Adif que fueron filtrados a varios medios de comunicación pocas horas después del accidente que dejó al menos 69 fallecidos.
Según publica El Debate, los agentes de la Unidad de Policía Judicial de Toledo han detectado esta huella mientras investigan cómo unas grabaciones reservadas terminaron en manos de la prensa.
El hallazgo introduce una cuestión especialmente comprometida para el Gobierno: ¿quién decidió difundir las conversaciones que reforzaban las acusaciones de Óscar Puente contra un trabajador ferroviario?
Óscar Puente y el audio filtrado culpando a un técnico
De los despachos de Adif a los medios de comunicación
La cronología resulta especialmente relevante. El pasado 28 de octubre, las grabaciones fueron extraídas de los sistemas de Adif en Atocha. Según la información publicada, pasaron por distintos responsables del organismo y por el gabinete ministerial antes de llegar a la prensa.
Los investigadores analizan ahora los archivos originales y las versiones difundidas para determinar si existieron recortes, modificaciones o una distribución coordinada.
El supuesto rastro de Moncloa aparece en los campos de autoría de los metadatos. Sin embargo, esta circunstancia no demuestra por sí sola quién ordenó la filtración.
La filtración que puso a un trabajador en el punto de mira
Horas antes de publicarse los audios, Puente había calificado de inexplicable la actuación de un operario del centro de control, vinculándola al origen del accidente.
La difusión posterior de las conversaciones reforzó públicamente aquella interpretación, cuando todavía no existían conclusiones definitivas sobre las responsabilidades.
Los sindicatos ferroviarios han exigido esclarecer la filtración y denunciado el señalamiento prematuro del trabajador.
La investigación deberá determinar ahora no solo quién tuvo acceso a las grabaciones, sino también si se utilizaron comunicaciones reservadas para construir una versión pública de la tragedia antes de que concluyeran las pesquisas judiciales.
