En un histórico fallo judicial, Ángel Geovany Guzmán González, miembro de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), ha sido condenado a 1.420 años de prisión por un tribunal de justicia en El Salvador. Guzmán González fue hallado culpable de cometer siete homicidios, 37 extorsiones agravadas y planificar y conspirar para asesinar a 25 personas, incluidos nueve militares.
El juicio, que se centró en delitos cometidos entre 2018 y 2019, fue parte de una ofensiva judicial más amplia contra la MS-13. Otros miembros de la pandilla también recibieron largas condenas: Hugo Alexander Arqueta Bonilla fue sentenciado a 764 años de cárcel, Carlos Eduardo Díaz Rodríguez a 567 años, y Ana Ruth Segovia Merino a 148 años, todos por homicidio agravado, extorsión agravada y pertenencia a organizaciones terroristas.
La investigación de la Fiscalía General de la República reveló que los 48 miembros de la MS-13 involucrados en el caso tenían órdenes de asesinar a policías y militares. Además, las extorsiones estaban dirigidas principalmente a transportistas y comerciantes de San Miguel, ciudad situada a 135 kilómetros al este de la capital, San Salvador. Las víctimas eran obligadas a pagar sumas de dinero para evitar ser asesinadas.
Uno de los casos más impactantes detallados en el informe del Ministerio Público involucró a una víctima que fue extorsionada con $10,000 para financiar la defensa legal de pandilleros detenidos. Este caso subraya la brutalidad y la organización de la pandilla en sus actividades criminales.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele, como parte de su estrategia de mano dura contra las pandillas.
Hasta la fecha, más de 85,000 personas han sido arrestadas bajo esta política. El gobierno ha admitido que más de 7,000 detenidos han sido liberados por falta de pruebas.
La MS-13 ha sido reconocida como una organización criminal internacional por el gobierno de Estados Unidos desde 2012, y en 2015, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró como organización terrorista, junto con la pandilla Barrio 18. Durante más de tres décadas, estas pandillas han dominado numerosos barrios y comunidades en El Salvador, involucrándose en el narcotráfico, el crimen organizado y la extorsión a empresas de transporte, y asesinando a quienes se niegan a pagar.
