La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido investigar al senador socialista y alcalde de Villaluenga del Rosario (Cádiz), Alfonso Carlos Moscoso González, por su posible implicación en el nombramiento irregular de su esposa como juez de paz del municipio.
La causa parte de una querella presentada por la Fiscalía, que también sitúa bajo investigación a la mujer del dirigente socialista. Aunque ella no disfruta de aforamiento, el alto tribunal considera que los hechos atribuidos a ambos están estrechamente vinculados y deben analizarse conjuntamente. La magistrada Susana Polo será la encargada de dirigir la instrucción.
El origen del caso se remonta a noviembre de 2022, cuando el Ayuntamiento abrió el proceso para cubrir la vacante de juez de paz. Según recoge la Fiscalía, ningún vecino mostró interés en ocupar el puesto en esta pequeña localidad gaditana de menos de 500 habitantes. Ante esa situación, la esposa del alcalde presentó su candidatura.
El problema radica en que la aspirante estaba afiliada al PSOE desde 2007, una circunstancia incompatible con el ejercicio de funciones judiciales. Tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como la normativa específica de jueces de paz impiden expresamente que quienes desempeñen estos cargos formen parte de partidos políticos o sindicatos. La propia Constitución española recoge esa prohibición.
Pese a ello, el Pleno municipal aprobó en marzo de 2023 su designación al tratarse de la única candidata presentada. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó el nombramiento y la mujer tomó posesión del cargo en julio de ese mismo año.
La Fiscalía sostiene además que, durante el tiempo que ejerció como juez de paz, continuó participando en actos públicos vinculados al PSOE. Finalmente abandonó el puesto en mayo del año pasado.
Los magistrados consideran que existen indicios de un posible delito relacionado con el nombramiento de cargos públicos incumpliendo los requisitos legales. En concreto, analizan si el alcalde actuó con pleno conocimiento de la incompatibilidad existente al promover la candidatura de su esposa.
Por otro lado, también se investiga si ella pudo aceptar el cargo siendo consciente de que no cumplía las condiciones exigidas por la ley. El auto judicial señala igualmente que presentó ante el TSJA una declaración responsable asegurando que no incurría en ninguna incompatibilidad para desempeñar la función de juez de paz.
