La investigación del denominado caso Leire Díez sigue avanzando y ha llevado a la Guardia Civil a poner el foco en la actividad financiera del PSOE y del PSC. La Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado a la Audiencia Nacional que autorice la recopilación de información bancaria y tributaria correspondiente a los años 2024 y 2025.
La petición, remitida al juez Santiago Pedraz en un oficio fechado el 1 de junio, no se limita únicamente a ambas formaciones políticas. También alcanza a varios empresarios, abogados y sociedades relacionadas con la causa, así como al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Entre los investigados aparecen los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, además de Zaño Sociedad, empresa vinculada a Zarrías.
Los agentes pretenden acceder a documentación económica diversa, desde movimientos y titularidad de cuentas bancarias hasta declaraciones fiscales, bienes patrimoniales, participaciones empresariales, propiedades en el extranjero o posibles donaciones. El objetivo es reconstruir posibles conexiones financieras relevantes para el procedimiento judicial.
Dentro de estas diligencias, la UCO también ha requerido información al Grupo IKI acerca de los trabajos y acuerdos comerciales que habría mantenido con el PSOE y el PSC durante los dos últimos ejercicios. La Guardia Civil reclama contratos, facturas, pagos y cualquier documento relacionado con esas operaciones.
Una de las principales líneas de investigación gira en torno a un supuesto pago de 20.000 euros al medio Crónica Libre. Según las pesquisas, dicha cantidad habría sido autorizada presuntamente por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, mediante una campaña publicitaria desarrollada en Cataluña durante las elecciones autonómicas celebradas en 2024.
