La petición del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 también se extiende a Israel
Vuelve a sonar con fuerza el programa Pegasus. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido este jueves emitir una orden europea de investigación. Está dirigida al vicepresidente de la División Económica y Financiera del Tribunal Judicial de París.
Este organismo es el responsable de la pesquisa sobre la infiltración realizada con el software Pegasus. La finalidad de esta medida es facilitar un intercambio de información más detallado sobre este sistema de espionaje.
Con esto, el juez busca acceder a los datos proporcionados por la empresa NSO Group. Relacionado con los mecanismos de control interno de dicho programa.
Pero también, de obtener un informe más exhaustivo sobre los análisis técnicos llevados a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de Sistemas Informáticos.
Además de la solicitud a Francia, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha extendido su requerimiento a Israel. De manera simultánea, ha enviado una nueva comisión rogatoria a las autoridades judiciales israelíes.
En ella hace hincapié en la necesidad de recibir la información demandada a NSO Group, "compañía responsable del desarrollo y comercialización del software Pegasus". Asimismo, ha solicitado la declaración como testigo de su director ejecutivo (CEO) con el objetivo de identificar a los responsables de los hechos investigados.
El hackeo del móvil de Sánchez, hace casi dos años, tiene nuevas consecuencias. Después de que se descubriera que el teléfono del presidente del Gobierno. Así como los de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, fueron infiltrados por el software Pegasus.
El cual permite el robo de datos, el Ejecutivo ha decidido implementar un nuevo sistema de encriptación en los teléfonos móviles para reforzar su seguridad, según informa el periódico El País.
El proceso de cambio se dividirá en dos etapas. La primera consistirá en modificar las infraestructuras necesarias para soportar la nueva red de encriptación. Según el citado medio, será ejecutada por una empresa de capital público mayoritario, Epicom, junto con la participación de Indra y Oesía.
La segunda fase se centrará en la contratación de la red de encriptación en sí. Será donde competirá la misma empresa encargada de la infraestructura junto a Telefónica.
Independientemente del sistema de encriptación que finalmente se seleccione, este deberá contar con la validación del Centro Criptológico Nacional. Organismo que forma parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Este cambio de sistema se produce en un contexto en el que los ataques cibernéticos a instituciones públicas y empresas privadas se han incrementado en los últimos años. Sin embargo, es evidente que también ha influido el hecho de que se haya confirmado que los teléfonos gubernamentales fueron blanco de un ataque, probablemente realizado por una potencia extranjera.
El último informe anual del Centro Criptológico señala a China, Corea del Norte e Irán. Son consideradas las principales "potencias cibernéticas que representan una amenaza para España". Sin embargo, una de las grandes amenazas también está Marruecos en relación con el caso de Pegasus.
