En septiembre de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió oficialmente su designación ante las preguntas parlamentarias sobre su cualificación, asegurando que reunía las condiciones necesarias
La tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo, ha vuelto a situar bajo el foco la gestión del Ministerio de Transportes. Mientras se investigan las causas del choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, reaparece un nombramiento que durante años simbolizó las controvertidas decisiones políticas dentro del departamento: el de Koldo García.
El antiguo portero de un prostíbulo terminó ocupando un asiento en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías, pese a carecer de experiencia acreditada en el sector ferroviario. Su incorporación se produjo el 22 de noviembre de 2019, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio.
Lo llamativo no fue únicamente su ascenso. En septiembre de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió oficialmente su designación ante las preguntas parlamentarias sobre su cualificación, asegurando que reunía las condiciones necesarias para desempeñar el cargo.
Koldo García fue consejero de RENFE
Koldo permaneció en Renfe Mercancías hasta agosto de 2021. Años después, su nombre acabaría protagonizando una investigación por presuntas irregularidades en contratos públicos de mascarillas, poniendo bajo sospecha parte de la gestión desarrollada durante la etapa de Ábalos.
Urda reabre el debate sobre las responsabilidades políticas
El accidente de Toledo, que deja 69 fallecidos según el último balance oficial, ha puesto el foco sobre los protocolos de seguridad, el funcionamiento del sistema LZB y las decisiones adoptadas desde el centro de control de Adif. La investigación deberá esclarecer por qué un tren pudo reanudar la marcha mientras otro permanecía detenido.
El caso Koldo y la tragedia de Urda no tienen una relación causal acreditada, pero plantean dos debates sobre un mismo ministerio: los criterios utilizados para ocupar puestos de responsabilidad y la eficacia de los mecanismos de supervisión ferroviaria.
La pregunta política tras el siniestro va más allá de quién autorizó la circulación de los trenes: ¿qué controles y decisiones han marcado la gestión de Transportes durante estos años?
