Álvaro García, fiscal general del Estado, ha recibido un nuevo guantazo de las instituciones. Este mismo martes, la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha declarado como "ilegal" el nombramiento de Dolores Delgado como cabeza de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
En una sentencia contundente, los jueces señalaron a García por "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". El fiscal general buscaba promover a su exjefa después de que el PSOE, bajo la presión pública, retirara una enmienda de la Ley Concursal que aseguraba ascensos automáticos a fiscales generales al concluir sus mandatos.
Otro tema que han discutido es su idoneidad para el cargo, debido a una posible incompatibilidad debido a que su esposo actual, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está especializado en dicha área y llevará a cabo acciones en casos de derechos humanos sobre los cuales Delgado, en su papel de fiscal de Memoria Democrática, deberá pronunciarse.
Además, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que impugnó este nombramiento junto con la Asociación de Fiscales (AF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, también argumentó en su demanda que el proceso estuvo lleno de "importantes irregularidades" que "tienen la suficiente gravedad como para justificar su anulación".
