Álvaro García, fiscal general del Estado, ha recibido un nuevo guantazo de las instituciones. Este mismo martes, la sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha declarado como "ilegal" el nombramiento de Dolores Delgado como cabeza de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
En una sentencia contundente, los jueces señalaron a García por "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico". El fiscal general buscaba promover a su exjefa después de que el PSOE, bajo la presión pública, retirara una enmienda de la Ley Concursal que aseguraba ascensos automáticos a fiscales generales al concluir sus mandatos.
Otro tema que han discutido es su idoneidad para el cargo, debido a una posible incompatibilidad debido a que su esposo actual, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está especializado en dicha área y llevará a cabo acciones en casos de derechos humanos sobre los cuales Delgado, en su papel de fiscal de Memoria Democrática, deberá pronunciarse.
Además, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que impugnó este nombramiento junto con la Asociación de Fiscales (AF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, también argumentó en su demanda que el proceso estuvo lleno de "importantes irregularidades" que "tienen la suficiente gravedad como para justificar su anulación".
Según la APIF, la primera irregularidad fue el adelanto del Pleno del Consejo Fiscal del 19 al 8 de junio para asignar la plaza. Consideran que García Ortiz tenía prisa por nombrar a Delgado, su "anterior jefa", "mentora" y "amiga", debido al adelanto de las elecciones al 23 de julio, una fecha que "podría haber frustrado sus intenciones" si hubiera habido cambios en la Fiscalía General del Estado y en el Consejo Fiscal.
Álvaro García y Dolores Delgado
Además, los demandantes señalan que el proceso "está viciado" y, por lo tanto, no es válido al no contar con el informe del Consejo Fiscal, ya que siete vocales se negaron a emitirlo debido a la negativa del fiscal general a discutir previamente la posible incompatibilidad para el cargo de Delgado debido a su relación con Garzón. También argumentan que "Álvaro García debería haberse abstenido en la designación debido a la estrecha relación que mantiene con la entonces candidata".
