¿Por qué el Gobierno quiere prohibir el acceso a las redes sociales?

El lamentable asesinato del pequeño Mateo el pasado domingo generó  una desafortunada polémica en redes sociales, la misma que ha tomado como excusa el Gobierno para prohibir el acceso a redes. Poco después de conocerse el apuñalamiento del niño de 11 en Mocejón, sin ninguna prueba, varios usuarios en las redes sociales aseguraron que el asesino era un marroquí. 

Este acalorado debate, que comenzó con algunos pocos, se convirtió en toda una avalancha de comentarios  entre unos y otros sobre el origen del asesino de Mateo. Tanto así, que ningún miembro del Gobierno dio suscondolencias a la familia del niño asesinado hasta que se supo que el presunto asesino es de nacionalidad española. 

Casi 30 horas después del brutal asesinato, figuras destacadas de  la izquierda generaron otra avalancha en redes, cabe destacar, muchos tras guardar silencio sobre lo que había ocurrido. Esta vez, los ataques estaban dirigidos hacia aquellos que, de manera irresponsable, confirmaban, sin pruebas en mano, que el asesino de Mateo era de una nacionalidad u otra. 

La izquierda aprovechó la tragedia de Mateo, no para generar una campaña a favor de la salud mental, sino que  han usado la polémica  de las redes sociales para exigir censura. Este miércoles, hemos conocido que después de una campaña en las plataformas digitales y en las televisiones, la Fiscalía está considerando aplicar una ley para prohibir el acceso a redes. 

El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, considera necesario prohibir el acceso a redes sociales. Esto, a quienes  cometan delitos de odio  en los casos más graves y que los usuarios estén debidamente identificados.

Lo planteó este miércoles en una entrevista en  Cadena SER, tras la confirmación de la Fiscalía de que investiga mensajes falsos y de odio en redes sociales.  Todo por los comentarios contra la figura de los inmigrantes ilegales,  acusados del asesinato de un niño de 11 años en Mocejón el pasado fin de semana.

Aguilar abogó por  introducir perfeccionamientos técnicos para que el Ministerio Público  y los tribunales puedan solicitar la prohibición de acceso a entornos digitales. Esto, al ser preguntado sobre la posibilidad de una reforma del Código Penal para regular este asunto.

El fiscal de Sala considera que cerrar el acceso a internet o redes sociales a quienes cometan delitos graves utilizando estas plataformas sería una pena proporcionada y necesaria. Y subraya que la dependerá de  las circunstancias de cada caso.