La polémica orden de Marlaska permitirá ocultar información electoral hasta 15 años bajo la categoría de uso oficial
El alcance de la regulación ha situado el foco en el futuro acceso a datos electorales
porRafael Alejandro Escalona
politica
La medida ha generado controversia por su impacto en la información relacionada con procesos electorales
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El Ministerio del Interior ha sacado a audiencia pública la nueva Orden INT/2026 sobre clasificación de información.
La norma introduce cambios en el sistema de acceso a documentos gestionados por el departamento. El texto establece nuevas categorías para ordenar y proteger datos considerados sensibles.
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La medida ha generado controversia por su impacto en la información relacionada con procesos electorales. La orden permite calificar documentos como de “uso oficial” o de “uso interno”. En el caso del uso oficial, la restricción inicial de acceso se fija en un periodo de cinco años.
Sin embargo, la normativa contempla la posibilidad de prorrogar esa limitación en dos ocasiones. De aplicarse ambas ampliaciones, la documentación podría permanecer fuera del acceso público durante 15 años. La prórroga deberá justificarse de forma motivada por la autoridad que haya clasificado el documento.
Entre los ámbitos afectados se incluyen la logística y la seguridad de los procesos electorales. También podría abarcar información vinculada al desarrollo operativo de las elecciones.
La orden amplía el foco más allá de los secretos oficiales tradicionales.
Introduce el concepto de “información sensible” como categoría diferenciada dentro del Ministerio. Esta denominación engloba materias relacionadas con seguridad pública y prevención de delitos.
En este marco se incorporan expresamente elementos vinculados a infraestructuras electorales. La arquitectura normativa centraliza el control en la cúpula del departamento.
La Secretaría de Estado de Seguridad dirigirá la política general en esta materia.
Su nombre es Antonio Orantes
No obstante, en el ámbito electoral, la competencia podrá recaer en la Subsecretaría del Interior. El artículo 4 de la orden concreta esa posibilidad de delegación específica.
Para ejecutar el sistema se crea el Servicio de Protección de la Información Clasificada.
El denominado SPIC actuará como órgano encargado de velar por el cumplimiento de la norma. Cuando se trate de asuntos electorales, este servicio trabajará directamente con la Subsecretaría.
La información de uso interno quedará limitada estrictamente al ámbito del Ministerio.
El texto señala que en ningún caso podrá transmitirse fuera del departamento.
Por su parte, el uso oficial se regirá por el principio de necesidad de conocer. El acceso quedará restringido a personal autorizado o personas vinculadas al Ministerio. La estructura se completa con el Consejo de Dirección de la Política de Seguridad.
En este órgano participan responsables de Instituciones Penitenciarias, Policía y Guardia Civil. El consejo se reunirá al menos una vez al año para coordinar la protección informativa.
La orden también permite delegar funciones de clasificación en distintas autoridades.
Con su entrada en vigor tras publicarse en el BOE, se activará el nuevo sistema.
La documentación clasificada podrá custodiarse en Zonas de Acceso Restringido. Estas áreas limitarán la consulta a personal expresamente habilitado. La actualización normativa se presenta como adaptación a estándares europeos.
El alcance de la regulación ha situado el foco en el futuro acceso a datos electorales.
