El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado "la apuesta del Consell con una atención ágil, digna y adaptada" a las necesidades de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias. El jefe del Consell ha explicado que el ejecutivo valenciano, a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha resuelto la tramitación de un total de 87 expedientes de Grado III+ para personas con ELA, una actuación que, ha remarcado, sitúa a la Comunitat Valenciana "a la cabeza a nivel nacional en el reconocimiento de prestaciones para patologías de alta complejidad y curso irreversible".
Pérez Llorca ha subrayado que "ofrecer la mejor atención a las personas con ELA es una prioridad social y sanitaria y un compromiso humano con quienes afrontan esta enfermedad". El 'president' ha señalado, en un comunicado, que "nos estamos acercando a un volumen muy significativo de resoluciones en un ámbito especialmente sensible y esto es fruto de un esfuerzo del Consell por garantizar una atención integral, cercana y adaptada a cada fase de la enfermedad, poniendo a las personas y a sus familias en el centro de todas las decisiones, con el objetivo de acompañarlas con dignidad, seguridad y el apoyo que necesitan en cada momento".
Asimismo, ha recordado que "la Comunitat Valenciana ha sido de las primeras autonomías en aplicar de forma efectiva el Grado III+ de protección, adelantando la respuesta a una realidad que durante años ha carecido de desarrollo normativo suficiente y ahora cuenta con una ley paralizada por el Gobierno central". En este sentido, ha añadido que "en una enfermedad como la ELA, los tiempos administrativos no pueden ir por detrás de la evolución clínica, por lo que hemos reorganizado los procedimientos para garantizar respuestas en plazos mucho más ajustados a la realidad de los pacientes".
En los últimos meses, la Conselleria ha reforzado los mecanismos de tramitación para acelerar el reconocimiento de este grado en los casos de mayor gravedad, de modo que las solicitudes tienen carácter preferente y cuentan con un plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución desde su presentación, lo que permite reducir de forma significativa los tiempos de espera, según apuntan fuentes de Presidencia.
