Irene Montero carga contra Peinado: 'Estaría en la cárcel si la Justicia funcionase'

En Sevilla, durante una movilización de respaldo a los empleados del sector logístico, Irene Montero cargó este lunes contra parte de la judicatura española. La eurodiputada y responsable política de Podemos sostuvo que algunos magistrados ejercen una influencia política que, a su juicio, excede las funciones que les corresponden.

En ese contexto, señaló que existe una «derecha judicial» que estaría condicionando la vida política del país sin haber obtenido respaldo en las urnas. Según Montero, este fenómeno supone una amenaza para la calidad democrática, ya que determinados sectores de la justicia estarían adoptando decisiones con un fuerte impacto político.

La dirigente también se refirió de forma explícita a los jueces Peinado y García Castellón, sobre quienes afirmó que, en un sistema judicial que funcionara adecuadamente, no seguirían ejerciendo sus cargos. Incluso llegó a asegurar que deberían encontrarse fuera de la carrera judicial o, en sus palabras, «en la cárcel».

Durante su intervención ante los medios, Irene Montero también se pronunció sobre varias cuestiones de actualidad política y judicial. Entre ellas, reclamó que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aclare las informaciones que le afectan y, al ser preguntada por las joyas localizadas en su despacho, señaló que la actuación que debía haberse seguido era algo «evidente» para cualquiera.

La eurodiputada enmarcó estas declaraciones en una crítica más amplia al funcionamiento de las instituciones. En este sentido, sostuvo que la ciudadanía no puede confiar en que el Gobierno socialista responda a determinadas actuaciones procedentes del ámbito judicial, por lo que defendió una mayor implicación social y política de la población.

Según expuso, las maniobras que algunos sectores denuncian como intentos de influir políticamente a través de los tribunales no constituyen un fenómeno reciente. Lo novedoso, apuntó, es que ahora el propio PSOE haya asumido públicamente ese diagnóstico y reconozca la existencia de una utilización política de la justicia, planteando además la necesidad de hacerle frente.

Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial dio un paso en relación con una resolución firmada por el juez Juan Carlos Peinado. El órgano de gobierno de los jueces decidió trasladar el asunto al responsable de la acción disciplinaria para que evalúe si determinadas afirmaciones contenidas en el auto podrían ser constitutivas de una infracción grave. El texto hacía referencia a la posibilidad de que los escoltas de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, colaborasen en una hipotética salida de España.