La expresidenta de Transportes pasó a dirigir Paradores después de su salida del Gobierno, mientras seguía pendiente la modernización de la línea Madrid-Sevilla
Pedro Sánchez situó a su exministra de Transportes Raquel Sánchez al frente de Paradores tras sacarla del Consejo de Ministros en 2023. El cargo cuenta con una retribución fija de 177.268 euros y un complemento variable de hasta 40.665 euros, según los datos disponibles en el Portal de Transparencia de la empresa pública.
ABC publica que la exministra ocupaba Transportes cuando se adjudicaron los contratos para renovar los sistemas de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Entre ellos figuraba la sustitución progresiva del sistema LZB por el ERTMS, una tecnología más moderna.
La implantación prevista acumuló retrasos y no entró en servicio en los plazos anunciados. La situación vuelve a situar bajo examen la gestión de quienes dirigieron Transportes y Adif antes del accidente ferroviario de Urda.
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La reforma seguía pendiente tras la salida de la exministra
Raquel Sánchez fue ministra entre julio de 2021 y noviembre de 2023. Durante ese periodo, Transportes y Adif tramitaron la modernización de la infraestructura, financiada con fondos europeos.
El contrato principal contemplaba instalar ERTMS en toda la línea. El calendario inicial fijaba su puesta en marcha a comienzos de 2024, aunque los trabajos fueron aplazándose. A principios de 2026, ya con Óscar Puente como ministro, la reforma seguía sin completarse.
ABC vincula esa demora con el sistema LZB de la línea Madrid-Sevilla, que falló el día del accidente de Urda. Las investigaciones oficiales deberán determinar las causas del siniestro y la eventual relación con el estado de la infraestructura.
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De un presupuesto municipal a la presidencia de Paradores
Antes de llegar a Transportes, Raquel Sánchez dirigía el Ayuntamiento de Gavà, con un presupuesto de 61 millones de euros. Como ministra pasó a gestionar un departamento con una capacidad presupuestaria de 11.400 millones.
Su etapa estuvo marcada también por el caso de los trenes de Cercanías diseñados sin ajustarse a las dimensiones de varios túneles en Cantabria y Asturias. El problema provocó dimisiones, una auditoría y un retraso de tres años en la entrega de los convoyes.
La expresidenta de Transportes fue posteriormente premiada con una de las presidencias públicas mejor remuneradas. Su nombramiento vuelve a generar críticas tras conocerse que la renovación de la línea Madrid-Sevilla continuaba pendiente.
