El acto se celebró con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso
La Xunta de Galicia prepara un nuevo paquete de medidas para combatir el acoso escolar y reforzar la convivencia en los centros educativos. Las iniciativas, que se incorporarán a la Ley de medidas que acompaña a los Presupuestos de 2027, contemplan cambios en la normativa actual y un endurecimiento de las consecuencias para quienes cometan conductas de especial gravedad.
El anuncio lo realizó este jueves el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, durante su asistencia al estreno de un cortometraje de animación sobre el acoso escolar en el Instituto Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. El acto se celebró con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso, que la Unesco conmemora el primer jueves de noviembre.
Acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, Rodríguez defendió que garantizar un entorno seguro en las aulas constituye una prioridad para mantener la calidad del sistema educativo gallego. Aunque destacó los buenos resultados de convivencia que reflejan las encuestas, advirtió de que no se puede bajar la guardia mientras siga existiendo algún caso de acoso.
"Mientras haya un solo caso tenemos que actuar», señaló el conselleiro, que calificó esta cuestión como «un asunto de país" y reclamó la participación de toda la sociedad para combatirla.
En esta línea, recordó la puesta en marcha de la Red de ayuntamientos contra el acoso, una iniciativa promovida por la Xunta junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a la que también se incorporó la Fiscalía Superior de Galicia. El objetivo es coordinar actuaciones entre distintas instituciones y mejorar la capacidad de intervención ante situaciones de violencia en el ámbito escolar.
Nuevas sanciones para los casos más graves de acoso escolar
Uno de los principales cambios afectará a la normativa gallega de convivencia, tanto a la ley como al decreto que la desarrolla. La intención del Ejecutivo autonómico es actualizar las herramientas disponibles para prevenir los conflictos y establecer respuestas educativas y correctoras ajustadas a la gravedad de cada comportamiento.
La nueva regulación dividirá las conductas contrarias a la convivencia en tres categorías: leves, graves y muy graves. Esta clasificación permitirá establecer diferentes niveles de intervención y endurecer las medidas en aquellos episodios que presenten una mayor gravedad.
Entre las consecuencias previstas figuran períodos más prolongados de suspensión de asistencia al centro y la posibilidad de trasladar definitivamente al alumno a otro grupo. Sin embargo, las medidas serán especialmente contundentes cuando se trate de acoso escolar o ciberacoso.
En estos casos, la Xunta contempla el cambio de centro para los responsables cuando cursen enseñanzas obligatorias. Para el resto de etapas educativas, se podrá retirar el derecho a continuar escolarizado en el mismo centro. Además, la sanción podría impedir que el alumno volviera a matricularse en esa institución.
Una nueva oficina para proteger a los docentes
El paquete de medidas también contempla un refuerzo de las garantías del profesorado. Para ello, se creará una nueva Oficina de apoyo al profesorado, destinada a ofrecer una mayor protección a los profesionales de la enseñanza.
A esta iniciativa se sumará un régimen administrativo específico de infracciones y sanciones frente a las agresiones contra los docentes. El sistema establecerá consecuencias económicas en función de la gravedad de los hechos, que podrán aplicarse independientemente de las posibles responsabilidades civiles o penales que correspondan.
Según explicó Rodríguez, se trata de una regulación pionera en España. Las multas oscilarán entre los 300 euros para las infracciones leves y los 15.000 euros en los supuestos considerados muy graves.
