EDATV Pedro Sánchez impulsa la regularización de inmigrantes pese a las advertencias de Seguridad Nacional sobre terrorismo y crimen organizado
Desde el sindicato JUPOL recuerdan que carecer de antecedentes no equivale a ausencia de actividad delictiva previa
El plan de regularización aprobado por Pedro Sánchez sigue generando alarma en los cuerpos de seguridad. La medida permitirá legalizar a más de un millón de inmigrantes irregulares mediante un procedimiento administrativo mínimo. Todo ello pese a las advertencias oficiales sobre terrorismo, crimen organizado y uso criminal de los flujos migratorios.
El real decreto del Gobierno de España exige únicamente dos requisitos básicos para acceder al proceso extraordinario. Cinco meses de estancia previa o solicitud de asilo antes de diciembre de 2025, y ausencia de antecedentes penales. Ambos pueden acreditarse sin documentación efectiva en múltiples supuestos.
El texto legal autoriza sustituir certificados judiciales por una simple declaración responsable del propio solicitante. Si el país de origen no responde en dos meses, la Administración da por válida esa declaración. No se impone comprobación posterior obligatoria ni verificación internacional automática.
La regularización incluye incluso a personas inmersas en procesos judiciales sin condena firme. Solo los delitos con penas superiores a un año implican expulsión directa. El resto queda absorbido por un trámite administrativo acelerado.
Pedro Sánchez impulsa la regularización de inmigrantes pese a las advertencias de Seguridad Nacional sobre terrorismo y crimen organizado | Europa Press
Un decreto que ignora los informes de seguridad
Desde el sindicato JUPOL recuerdan que carecer de antecedentes no equivale a ausencia de actividad delictiva previa. También alertan de que verificar cientos de miles de expedientes exige recursos que hoy no existen. La Policía Nacional no ha recibido refuerzos extraordinarios asociados al proceso.
Los agentes advierten de que las comprobaciones requieren cruces con bases nacionales e internacionales. Ese trabajo consume tiempo, personal especializado y sistemas tecnológicos que no han sido ampliados. El decreto multiplica la carga operativa sin reforzar la estructura.
El procedimiento permite regularizar perfiles sin trazabilidad penal completa. La seguridad queda subordinada a los plazos administrativos. Y la verificación pasa a ser una fase secundaria.
Las estrategias oficiales van en dirección contraria
Los documentos de Seguridad Nacional España vinculan la inmigración irregular con riesgos terroristas y criminales. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo señala que estos flujos pueden ser utilizados para facilitar desplazamientos de elementos radicalizados. También relaciona la presión migratoria con la inestabilidad del Sahel.
La Estrategia contra el Crimen Organizado advierte que España soporta una de las mayores presiones migratorias de la Unión Europea. Ese mismo documento explica que las redes de tráfico humano actúan como catalizadores de otras actividades ilícitas. Desde trata de personas hasta explotación laboral y sexual.
Ambas estrategias reclaman control fronterizo, vigilancia e inteligencia preventiva. Pero el real decreto prioriza rapidez administrativa frente a filtrado de riesgos. El resultado es una regularización masiva sin blindaje operativo.
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