La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, adjudicó en febrero de 2020 un contrato vinculado al mantenimiento de instalaciones de alta velocidad. Por valor de 68,7 millones de euros —posteriormente ampliado hasta superar los 70,5 millones— a una empresa que en ese momento estaba siendo investigada. Fue por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su presunta participación en un cártel de amaño de licitaciones públicas.
La adjudicación, adelantada por El Debate, se produjo en un contexto especialmente sensible. La CNMC requirió formalmente a Adif en noviembre de 2018 información detallada sobre todas las licitaciones en las que habían participado las compañías bajo sospecha. En esa fecha, Pardo de Vera ya presidía el gestor público de infraestructuras ferroviarias.
Un contrato clave del AVE bajo sospecha
El contrato adjudicado el 7 de febrero de 2020 se refería al mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios. Todo ello en varias líneas de alta velocidad. La duración prevista era de 48 meses y el importe inicial ascendía a 68,7 millones de euros.
El adjudicatario fue Thales, en unión temporal con Sistemas y Montajes Industriales. A la licitación solo concurrieron dos empresas: Thales y Siemens. Ambas serían posteriormente sancionadas por la CNMC por haber pactado durante años el reparto de contratos ferroviarios en distintos corredores de alta velocidad.
Cuando se cerró el plazo de presentación de ofertas, en septiembre de 2019, solo estas dos compañías investigadas formalizaron propuesta. En octubre se abrieron las ofertas económicas y Siemens presentó una propuesta que superaba el presupuesto base de licitación, quedando automáticamente excluida. Ese movimiento despejó el camino para la adjudicación a Thales.
Según la posterior resolución sancionadora de Competencia, este tipo de estrategias encajaban en un patrón coordinado para simular competencia sin alterar el reparto de contratos.
Advertencias previas de la CNMC
La investigación revela que la CNMC se dirigió a Adif el 26 de noviembre de 2018. Dentro de un procedimiento sancionador en curso por prácticas colusorias. No se trataba de rumores ni alertas informales, sino de una actuación administrativa oficial.
