EDATV Pardo de Vera otorgó un contrato millonario del AVE a una firma bajo investigación de la CNMC por amaño de licitaciones
El contrato adjudicado el 7 de febrero de 2020 se refería al mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios
La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, adjudicó en febrero de 2020 un contrato vinculado al mantenimiento de instalaciones de alta velocidad. Por valor de 68,7 millones de euros —posteriormente ampliado hasta superar los 70,5 millones— a una empresa que en ese momento estaba siendo investigada. Fue por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su presunta participación en un cártel de amaño de licitaciones públicas.
La adjudicación, adelantada por El Debate, se produjo en un contexto especialmente sensible. La CNMC requirió formalmente a Adif en noviembre de 2018 información detallada sobre todas las licitaciones en las que habían participado las compañías bajo sospecha. En esa fecha, Pardo de Vera ya presidía el gestor público de infraestructuras ferroviarias.
Pardo de Vera y los contratos de Adif | Europa Press
Un contrato clave del AVE bajo sospecha
El contrato adjudicado el 7 de febrero de 2020 se refería al mantenimiento de las instalaciones de control de tráfico y sistemas complementarios. Todo ello en varias líneas de alta velocidad. La duración prevista era de 48 meses y el importe inicial ascendía a 68,7 millones de euros.
El adjudicatario fue Thales, en unión temporal con Sistemas y Montajes Industriales. A la licitación solo concurrieron dos empresas: Thales y Siemens. Ambas serían posteriormente sancionadas por la CNMC por haber pactado durante años el reparto de contratos ferroviarios en distintos corredores de alta velocidad.
Cuando se cerró el plazo de presentación de ofertas, en septiembre de 2019, solo estas dos compañías investigadas formalizaron propuesta. En octubre se abrieron las ofertas económicas y Siemens presentó una propuesta que superaba el presupuesto base de licitación, quedando automáticamente excluida. Ese movimiento despejó el camino para la adjudicación a Thales.
Según la posterior resolución sancionadora de Competencia, este tipo de estrategias encajaban en un patrón coordinado para simular competencia sin alterar el reparto de contratos.
Advertencias previas de la CNMC
La investigación revela que la CNMC se dirigió a Adif el 26 de noviembre de 2018. Dentro de un procedimiento sancionador en curso por prácticas colusorias. No se trataba de rumores ni alertas informales, sino de una actuación administrativa oficial.
La nueva polémica de Pardo de Vera en Adif | Europa Press
Pese a ello, el concurso avanzó sin que conste que desde la presidencia de Adif se adoptaran medidas extraordinarias de control o revisión. Durante 2019, el Consejo de Administración aprobó el expediente y técnicos del organismo trabajaron en la definición de aspectos técnicos del contrato. Esto en colaboración con personal de una de las empresas posteriormente sancionadas.
Esta circunstancia fue señalada por la CNMC como potencial riesgo de trato privilegiado.
La resolución sancionadora llegó el 29 de septiembre de 2021. La CNMC acreditó que Thales y Siemens lideraron durante quince años un entramado para manipular al menos 82 concursos públicos entre 2002 y 2017. Las multas impuestas superaron los 127 millones de euros y se propuso la prohibición de contratar con la Administración.
Sin embargo, en junio de 2022, la Audiencia Nacional suspendió cautelarmente la ejecución de las sanciones tras aceptar el recurso de Thales, permitiendo que las empresas continuaran operando en el mercado público bajo aval bancario.
Ampliación del contrato
En agosto de 2022, ya bajo la presidencia de María Luisa Domínguez, el contrato adjudicado en 2020 fue ampliado en más de 1,7 millones de euros, superando los 70,5 millones. La modificación se aprobó cuando la sanción de la CNMC ya existía, aunque seguía suspendida judicialmente.
El caso adquiere especial relevancia al producirse en paralelo a la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Pardo de Vera por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
La adjudicación de un contrato millonario del AVE a una empresa bajo investigación formal por amaño de concursos públicos reabre el debate sobre los mecanismos de control en la contratación pública y la diligencia exigible a los máximos responsables de los organismos estatales.
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