El nuevo Código Penal talibán impone castigos contra las mujeres y elimina garantías judiciales en Afganistán

El régimen talibán ha aprobado un nuevo Código de Procedimiento Penal compuesto por 119 artículos que ha pasado desapercibido al no ser anunciado públicamente. El texto consolida un sistema jurídico que amplía la brecha de género y formaliza restricciones que afectan de manera directa a mujeres y niñas.

Casi cinco años después de la toma de Kabul en agosto de 2021, las nuevas disposiciones refuerzan las limitaciones ya existentes. Según datos de Naciones Unidas, ocho de cada diez jóvenes afganas están excluidas de la educación, el empleo y la formación, una proporción muy superior a la de los hombres jóvenes.

El artículo 32 establece que golpear a una esposa solo será considerado delito si provoca fracturas u otras lesiones demostrables ante un juez. En caso de que la mujer consiga probar los daños, el marido afrontaría una pena de 15 días de prisión. La norma contrasta con otras disposiciones que contemplan penas superiores en supuestos distintos.

Además, la normativa delega la aplicación de castigos morales en cualquier musulmán que presencie un supuesto “pecado”, autorizando intervenciones inmediatas para “prevenir el vicio”. Esta disposición amplía la capacidad de sanción más allá de las autoridades formales e incluye a familiares, vecinos o terceros.

El artículo 34 prevé penas de hasta tres meses de prisión para mujeres que acudan repetidamente a la casa de su padre sin el permiso del marido. También podrán ser castigados los familiares que se nieguen a devolverla al domicilio conyugal tras una orden judicial.

El texto incorpora asimismo disposiciones como el artículo 58, que contempla cadena perpetua y castigos corporales en determinados supuestos relacionados con la religión. La ONU ha advertido de que estas medidas consolidan lo que define como un sistema de “apartheid de género”.

Desde 2021, los talibanes han emitido más de 130 edictos que restringen la educación y el empleo femenino. Actualmente, solo el 24% de las mujeres participa en la actividad laboral frente al 89% de los hombres, según informes internacionales.

El código divide además a la sociedad en cuatro estratos (eruditos, élites, clase media y clase baja), una clasificación que influye en la aplicación de las penas. El propio texto utiliza términos como “amo”, “personas libres” y “esclavizadas” para determinar el estatus social.

Las agresiones a menores solo se penalizan si se produce fractura ósea o lesión física visible, sin prohibición expresa de otros tipos de maltrato. Organizaciones como el Instituto de Georgetown para la Mujer, la Paz y la Seguridad advierten de que la represión queda así institucionalizada.

Publicado el 4 de enero de 2026 y firmado por el líder supremo talibán, el documento elimina garantías como la presunción de inocencia y no establece límites claros a las penas. Afganistán carece actualmente de constitución, parlamento y judicatura independiente, y la ley emana de una interpretación estricta de la sharía aplicada por el régimen.