La ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a encender la polémica en el sistema sanitario español con su nuevo anteproyecto de ley.
El ‘Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS’ busca que la gestión privada sea de carácter excepcional y evaluada previamente. Solo se permitiría cuando no sea posible la prestación directa, se garantice eficiencia y sostenibilidad y se cumplan criterios de calidad. El texto incluye condiciones estrictas sobre continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio sanitario, afectando a todas las Comunidades Autónomas.
Cataluña se perfila como una de las regiones más afectadas, lo que ha levantado protestas de autoridades y del sector privado.
La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (Achpm) ha pedido la retirada del anteproyecto por “poner en riesgo la atención a los pacientes”. Achpm aclara que la ley invade competencias autonómicas y no responde a las necesidades reales del sistema sanitario español. En una entrevista recogida por el medio VozPopuli, Isidro Díaz de Bustamante, presidente de Achpm, alerta que la desaparición de la colaboración público-privada puede agravar la situación.
“Eliminar la cooperación entre público y privado no solucionará los problemas del SNS y perjudicará directamente a los pacientes”, afirmó Díaz de Bustamante.
El sector considera el anteproyecto un cambio innecesario que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
El texto mantiene el artículo 90 de la Ley 14/1986, que permite concertar servicios sanitarios con medios externos, pero establece condiciones que dificultan su aplicación. Desde la privada, advierten que la ley aumentará las listas de espera y la presión sobre el sistema público.
