Mónica García desata una guerra en la sanidad española con ley que limita la gestión privada
La ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a crear polémica
porRafael Alejandro Escalona
politica
La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (Achpm) ha pedido la retirada del anteproyecto por “poner en riesgo la atención a los pacientes”
La ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a encender la polémica en el sistema sanitario español con su nuevo anteproyecto de ley.
El ‘Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS’ busca que la gestión privada sea de carácter excepcional y evaluada previamente. Solo se permitiría cuando no sea posible la prestación directa, se garantice eficiencia y sostenibilidad y se cumplan criterios de calidad. El texto incluye condiciones estrictas sobre continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio sanitario, afectando a todas las Comunidades Autónomas.
Cataluña se perfila como una de las regiones más afectadas, lo que ha levantado protestas de autoridades y del sector privado.
La Asociación de Hospitales Privados de Madrid (Achpm) ha pedido la retirada del anteproyecto por “poner en riesgo la atención a los pacientes”. Achpm aclara que la ley invade competencias autonómicas y no responde a las necesidades reales del sistema sanitario español. En una entrevista recogida por el medio VozPopuli, Isidro Díaz de Bustamante, presidente de Achpm, alerta que la desaparición de la colaboración público-privada puede agravar la situación.
La ministra de Sanidad, Mónica García
“Eliminar la cooperación entre público y privado no solucionará los problemas del SNS y perjudicará directamente a los pacientes”, afirmó Díaz de Bustamante.
El sector considera el anteproyecto un cambio innecesario que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
El texto mantiene el artículo 90 de la Ley 14/1986, que permite concertar servicios sanitarios con medios externos, pero establece condiciones que dificultan su aplicación. Desde la privada, advierten que la ley aumentará las listas de espera y la presión sobre el sistema público.
Esto generará mayores costes estructurales y limitará la inversión en innovación tecnológica en hospitales privados y públicos. Miles de puestos de trabajo en el sector sanitario podrían verse afectados si se implementa la ley tal como está redactada.
El anteproyecto ha sido calificado por el sector como una “reforma ideológica” que ignora los problemas reales del SNS.
La ministra de Sanidad, Mónica García
Más de 12,6 millones de personas en España cuentan con seguro privado, que representa cerca del 26% del gasto sanitario total. En 2023, el 34% de las estancias en hospitales privados no integrados en el SNS fueron financiadas con fondos públicos, reflejando su interdependencia.
Achpm pide abrir un diálogo real con profesionales, pacientes y representantes del sector para mantener un modelo sanitario mixto.
El objetivo es garantizar sostenibilidad, eficiencia y calidad asistencial frente a un planteamiento que consideran ideológico y no técnico. Insisten en que la ley desvía la atención de problemas estructurales como listas de espera, déficit de financiación y escasez de profesionales.
Actualmente, más de 830.000 pacientes esperan atención, mientras la población envejece y se requiere una transformación digital urgente en el sistema.
El sector privado advierte que, sin cambios, la ley podría desincentivar la inversión y perjudicar la innovación tecnológica en la sanidad española.
