El Gobierno asume internamente que el problema estructural de la vivienda no podrá resolverse ni a corto ni a medio plazo. Según una exclusiva publicada por El Mundo, fuentes de Moncloa reconocen que los estudios y estimaciones realizados por el Ejecutivo apuntan a enormes dificultades para incrementar con rapidez el parque público necesario para responder al desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda.
El diagnóstico llega justo después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos en materia de vivienda. Entre las medidas planteadas figuran la ampliación de determinadas protecciones frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de algunos contratos y restricciones temporales a determinadas compras por parte de fondos.
Sin embargo, las propias fuentes gubernamentales citadas por El Mundo reconocen que estas actuaciones no permiten solucionar de forma inmediata la cuestión de fondo: la insuficiencia de vivienda asequible. Desde Moncloa admiten que poner en marcha un parque público del tamaño necesario exige afrontar obstáculos relacionados con la construcción, los plazos y la disponibilidad de trabajadores.
Moncloa admite que no ve posible resolver la falta de vivienda pública a corto ni a medio plazo
Moncloa reconoce que el problema necesita una solución a largo plazo
Las fuentes consultadas por El Mundo sostienen que la falta de vivienda social constituye “un problema imposible de resolver en el corto y medio plazo”. El Gobierno asegura haber estudiado diferentes alternativas, pero admite que aumentar la oferta pública a gran escala no puede realizarse con la rapidez que exigiría la situación actual.
El Ejecutivo considera además que una respuesta estructural necesitaría un acuerdo político de mayor alcance. Las mismas fuentes reconocen que un pacto de Estado sería necesario pensando en el largo plazo, aunque actualmente no ven condiciones políticas para alcanzarlo.
El problema de oferta también aparece reflejado en los análisis del Banco de España. La institución calcula que entre 2021 y 2025 se acumuló un desfase cercano a las 750.000 viviendas entre la creación de nuevos hogares y las viviendas residenciales terminadas.
Moncloa admite que no ve posible resolver la falta de vivienda pública a corto ni a medio plazo
Dos decretos mientras continúa el déficit de oferta
La admisión interna de Moncloa contrasta con el paquete aprobado este martes, presentado públicamente por el Gobierno como una respuesta para reforzar la protección de los ciudadanos y ampliar la oferta asequible. El Ejecutivo ha defendido medidas como la extensión hasta 2030 de determinadas protecciones frente a los desahucios o la prórroga de contratos que vencen antes de finales de 2028.
No obstante, el propio diagnóstico trasladado en privado señala que los efectos de esas medidas serán fundamentalmente inmediatos o transitorios, mientras que el aumento sustancial del parque de vivienda exige una estrategia de varios años. El desafío pasa por incrementar de forma considerable la construcción y disponer de suficiente suelo, capacidad administrativa y recursos para levantar nuevas promociones.
El Ejecutivo afronta así dos planos diferentes: por un lado, las medidas urgentes aprobadas esta semana para intervenir sobre contratos, desahucios y determinadas operaciones del mercado; por otro, un problema de escasez de oferta que el propio Gobierno reconoce que no puede resolver en los próximos años.
