El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha reconocido que no dispone de una estimación aproximada del número de personas en situación irregular que podrían acceder gratuitamente al sistema sanitario público tras la aprobación del nuevo real decreto que amplía este derecho.
La medida fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros de España y tiene como objetivo garantizar la atención sanitaria a extranjeros que residen en el país sin autorización administrativa. Sin embargo, la falta de cálculos previos sobre su impacto ha generado críticas desde distintos sectores políticos y sanitarios, que alertan sobre las posibles consecuencias para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de España.
Un acceso más fácil a la sanidad pública
El nuevo real decreto introduce cambios importantes en los requisitos para acceder a la atención sanitaria pública. Según el Ministerio de Sanidad, la norma pretende simplificar los trámites necesarios para reconocer este derecho, reduciendo la burocracia que hasta ahora exigía acreditar determinados requisitos administrativos.
La principal novedad es la posibilidad de solicitar la asistencia mediante una declaración responsable, en la que el solicitante afirma que no dispone de cobertura sanitaria por otras vías, que no puede exportar ese derecho desde su país de origen y que no existe un tercero obligado a asumir el coste de su atención médica.
Una vez presentada esta declaración, el solicitante recibirá un documento provisional que le permitirá acceder de forma inmediata a la asistencia sanitaria pública en todas las comunidades autónomas.
Cambios en la acreditación de residencia
Hasta ahora, el requisito habitual para justificar la permanencia en España durante más de tres meses era el certificado de empadronamiento. Con la nueva normativa, este documento pasa a ser únicamente el medio preferente, pero no el único.
A partir de ahora, los solicitantes podrán acreditar su residencia mediante distintos documentos, entre ellos certificados de escolarización, informes de servicios sociales, registros de visitas administrativas o incluso facturas de suministros como electricidad, gas, agua o telefonía.
Además, el nuevo sistema establece un procedimiento en el que la asistencia sanitaria se presta primero y la administración verifica posteriormente el cumplimiento de los requisitos.
