EDATV El Ministerio de Óscar López lleva 15 meses sin actuar tras una denuncia por presunto acoso sexual en Móstoles
El silencio institucional contrasta con la rapidez con la que en otros ámbitos se anuncian investigaciones o medidas cautelares ante denuncias de esta naturaleza
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, mantiene sin resolver desde noviembre de 2024 una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una funcionaria del Ayuntamiento de Móstoles contra un habilitado nacional. Quince meses después de que el expediente fuera remitido al departamento estatal competente, no consta que se haya incoado procedimiento disciplinario ni que se haya tomado declaración a los implicados.
Una denuncia elevada al Estado
Los hechos, adelantados por el diario La Razón, se remontan a 2024, cuando una trabajadora municipal denunció que el habilitado nacional —figura que depende disciplinariamente del Estado— habría forzado situaciones para quedarse a solas con ella en su despacho. Según la documentación recogida en el Ayuntamiento, la denunciante relató “comportamientos impropios”, como miradas incómodas, preguntas personales e indagaciones sobre su vida privada.
Óscar López en el foco | Europa Press
La situación, siempre según el relato incorporado al expediente municipal, habría derivado en un cuadro de estrés y ansiedad que obligó a la funcionaria a recibir asistencia médica y psicológica.
El Consistorio de Móstoles, gobernado por Manuel Bautista, activó en octubre de 2024 el protocolo confidencial previsto en el Real Decreto 247/2024, que regula las actuaciones frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Tras la fase de instrucción preliminar, el Ayuntamiento elevó las conclusiones a la Comunidad de Madrid, que consideró que los hechos podrían constituir una “falta muy grave” y remitió el expediente al Ministerio de Función Pública.
Quince meses sin avances
Desde noviembre de 2024, cuando el caso llegó formalmente al ministerio que encabeza Óscar López, fuentes municipales aseguran que no se ha producido ningún avance visible: no consta la apertura formal de expediente disciplinario ni la citación de las partes para declarar.
Mientras tanto, la funcionaria permanece trabajando desde casa desde enero de 2025 como medida organizativa adoptada en el marco del procedimiento interno. La ausencia de resolución prolonga una situación de incertidumbre tanto para la denunciante como para el denunciado.
La dilación administrativa en casos de presunto acoso sexual dentro de la función pública genera especial preocupación, dado que los habilitados nacionales —secretarios, interventores y tesoreros municipales— dependen jerárquicamente del Estado en materia disciplinaria. Es el Ministerio quien debe resolver, lo que convierte cualquier demora en un asunto de responsabilidad directa del departamento.
Óscar López ignora la denuncia por presunto acoso sexual de una funcionaria de Móstoles desde hace 15 meses | Europa Press
Debate político y exigencia de explicaciones
El caso adquiere relevancia política al afectar a un ministerio que ha defendido públicamente la tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso en la administración. Diversas voces reclaman transparencia sobre el estado del expediente y piden explicaciones acerca de los motivos por los que, transcurridos 15 meses, no se ha hecho pública ninguna actuación formal.
El silencio institucional contrasta con la rapidez con la que en otros ámbitos se anuncian investigaciones o medidas cautelares ante denuncias de esta naturaleza. En el actual contexto político, marcado por una intensa vigilancia mediática sobre la actuación de los cargos públicos, la gestión de este caso añade presión sobre el Ministerio de Función Pública.
Por el momento, el departamento de Óscar López no ha detallado públicamente el estado procesal del expediente ni los plazos previstos para su resolución. La cuestión de fondo es si la Administración está cumpliendo con los estándares de diligencia exigibles en un procedimiento por presunto acoso sexual dentro del sector público.
La resolución —o la explicación de su demora— será clave para disipar dudas sobre la gestión interna del caso y para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales en la administración.
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