El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, dirigido por Óscar López, mantiene sin resolver desde noviembre de 2024 una denuncia por presunto acoso sexual presentada por una funcionaria del Ayuntamiento de Móstoles contra un habilitado nacional. Quince meses después de que el expediente fuera remitido al departamento estatal competente, no consta que se haya incoado procedimiento disciplinario ni que se haya tomado declaración a los implicados.
Una denuncia elevada al Estado
Los hechos, adelantados por el diario La Razón, se remontan a 2024, cuando una trabajadora municipal denunció que el habilitado nacional —figura que depende disciplinariamente del Estado— habría forzado situaciones para quedarse a solas con ella en su despacho. Según la documentación recogida en el Ayuntamiento, la denunciante relató “comportamientos impropios”, como miradas incómodas, preguntas personales e indagaciones sobre su vida privada.
La situación, siempre según el relato incorporado al expediente municipal, habría derivado en un cuadro de estrés y ansiedad que obligó a la funcionaria a recibir asistencia médica y psicológica.
El Consistorio de Móstoles, gobernado por Manuel Bautista, activó en octubre de 2024 el protocolo confidencial previsto en el Real Decreto 247/2024, que regula las actuaciones frente al acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Tras la fase de instrucción preliminar, el Ayuntamiento elevó las conclusiones a la Comunidad de Madrid, que consideró que los hechos podrían constituir una “falta muy grave” y remitió el expediente al Ministerio de Función Pública.
Quince meses sin avances
Desde noviembre de 2024, cuando el caso llegó formalmente al ministerio que encabeza Óscar López, fuentes municipales aseguran que no se ha producido ningún avance visible: no consta la apertura formal de expediente disciplinario ni la citación de las partes para declarar.
