EDATV El Ministerio de Igualdad encargó a El Plural un reportaje sobre masculinidades por 17.500 euros de fondos públicos
Este tipo de procedimiento simplificado reduce los plazos y elimina la obligación de concurrencia competitiva
El Ministerio de Igualdad adjudicó un contrato por valor de 17.500 euros (IVA incluido) para la elaboración de contenidos sobre "nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales", según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El encargo recayó en la empresa Corporate Communicator SL, sociedad editora del digital El Plural, y fue tramitado como contrato menor.
De acuerdo con la documentación oficial, el expediente fue promovido por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. El objeto del contrato se describe como un “servicio de periodismo de investigación sobre nuevas masculinidades tóxicas en entornos digitales con motivo del 25N”, en referencia al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Contrato de Igualdad a El Plural | EDATV
El presupuesto base de licitación sin impuestos ascendió a 14.500 euros, cantidad que coincide con el importe de adjudicación antes de IVA. Con los impuestos correspondientes, la cifra final ronda los 17.500 euros.
El procedimiento utilizado fue el de contrato menor, fórmula que permite la adjudicación directa sin concurso público cuando el importe no supera los límites establecidos por la ley. Según la información disponible, solo se presentó un licitador.
Un contrato menor y adjudicación directa
La modalidad de contrato menor ha sido objeto de debate en los últimos años por su utilización frecuente en distintos ministerios y administraciones públicas. Este tipo de procedimiento simplificado reduce los plazos y elimina la obligación de concurrencia competitiva, lo que, aunque legal, suele generar críticas desde la oposición por la falta de pluralidad de ofertas.
Ana Redondo y el contrato de Igualdad a El Plural | Europa Press
En este caso, el encargo consistía en la elaboración de contenidos periodísticos vinculados a una campaña institucional. El contrato fue calificado como de servicios y no contó con financiación europea. La ejecución se fijó en Madrid y la tramitación fue ordinaria.
El hecho de que el encargo recayera en un medio de comunicación alineado editorialmente con posiciones progresistas ha reavivado el debate político sobre el uso de fondos públicos para financiar contenidos en medios privados. Desde sectores críticos se cuestiona si este tipo de adjudicaciones puede interpretarse como una forma de subvención indirecta o apoyo institucional a determinadas líneas editoriales.
El gasto público en el foco
El contrato se enmarca en la estrategia del Gobierno de España para reforzar campañas vinculadas a la igualdad y la lucha contra la violencia de género. No obstante, la adjudicación ha suscitado interrogantes sobre la idoneidad de destinar recursos públicos a la producción de artículos periodísticos en lugar de canalizar esos fondos a programas asistenciales, educativos o de atención directa a víctimas.
La cuantía, aunque modesta dentro del presupuesto global del ministerio, adquiere relevancia. Una cifra que se destina a un medio de comunicación afín al Gobierno.
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