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Pleno extraordinario del Consell Valenciano
POLÍTICA

Mazón: 'Ni un paso atrás en la protección de los derechos de la Comunidad Valenciana'

El Consell Valenciano acuerda la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reafirmado su compromiso con la defensa de una España de ciudadanos libres e iguales, destacando que el gobierno valenciano no dará "ni un paso atrás" en la protección de los derechos de la Comunitat Valenciana. Estas declaraciones se hicieron tras el pleno extraordinario del Consell, en el que se acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional en Cataluña, aprobada en junio de 2024.

Mazón señaló que la ley "rompe la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los españoles" y criticó su contenido, calificándola como una "aberración legislativa" que premia la deslealtad y la insolidaridad. El Consell solicitó también la recusación de los magistrados del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, debido a su vinculación con el partido socialista.

El recurso se fundamenta en que la ley infringe principios fundamentales de la Constitución Española, como el derecho a la igualdad ante la ley, la división de poderes y la unidad de la nación. Mazón argumentó que la ley es "antidemocrática" y que su aprobación pone en peligro la igualdad de trato para los valencianos, quienes merecen las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos.

Además, Mazón denunció que la ley alimenta el relato soberanista de Cataluña y su intento de construir la idea de los Països Catalans, un concepto que incluye a la Comunitat Valenciana. El president del Consell enfatizó que la igualdad no es una cuestión partidista, sino un pilar de la unidad y el consenso, y criticó al gobierno central por priorizar la conveniencia política sobre la convivencia.

En su intervención, defendió un modelo de convivencia basado en la libertad, la igualdad y el respeto a la ley, sin privilegios en áreas clave como la sanidad, la financiación y las infraestructuras.

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