Hazte Oír intenta notificar a Santaolalla a través de su escolta ante su paradero desconocido

La asociación Hazte Oír ha pedido al Juzgado de Primera Instancia nº2 de Salamanca que la Policía Nacional intervenga para hacer llegar a Sarah Santaolalla la citación a un acto de conciliación en el que ambas partes deben comparecer. La organización plantea esta vía después de no haber conseguido localizar el domicilio de la activista para notificarle formalmente el procedimiento.

En el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, la asociación argumenta que Santaolalla cuenta actualmente con un dispositivo de protección policial asignado por el Ministerio del Interior, integrado por agentes de la Policía Nacional. A juicio de Hazte Oír, esta circunstancia permitiría realizar la notificación mediante el denominado "auxilio policial", una fórmula que consideran legal y adecuada para garantizar que la activista reciba la citación.

La petición se produce después de que esta semana trascendiera que Santaolalla dispone de un servicio de escolta compuesto por cuatro agentes. Según la organización, recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para efectuar la notificación no supondría una vulneración de derechos ni implicaría riesgos para la seguridad personal de la activista.

Por ello, Hazte Oír solicita la colaboración tanto de la Policía Nacional como del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de que Santaolalla sea informada de la citación y pueda celebrarse el acto de conciliación, paso previo para que el procedimiento judicial continúe su curso.

Un escolta para Santaolalla

La tertuliana de izquierdas sigue en el foco tras la noticia publicada por ABC en la que se afirma que la tertuliana de izquierdas tendría un escolta encargado de velar por su seguridad. Esto ocurre después del encontronazo que tuvo con el periodista de EDATV, Vito Quiles. Los hechos se remontan al 2 de marzo, cuando Santaolalla acudió al Senado para participar en una conferencia titulada “Comunicación, violencia digital y feminismo”.

Se trata de una situación que ha generado mucha polémica, sobre todo por parte del sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol.

Según ABC, el sindicato ha puesto el foco en el "elevado coste" que esta iniciativa supone. La protección implica que cuatro funcionarios del cuerpo se dediquen exclusivamente a esta tarea, con un costo aproximado de 12.000 euros brutos para las arcas públicas.

Jupol calificó la medida como un "escándalo absoluto" y criticó que se destinen recursos policiales a tareas que no responden a las prioridades de seguridad ciudadana. Según el sindicato, "los agentes deberían centrarse en proteger a la ciudadanía y en garantizar que los contribuyentes, que financian los servicios públicos, vean un uso efectivo de sus impuestos".

Además, expresan su preocupación porque esta medida se implemente mientras, en algunas situaciones, un solo policía debe "atender la protección de decenas de víctimas", llegando incluso a casos en los que hay más de cien mujeres con protección activa por cada agente disponible.