Marina Rivers cobra hasta 9.000 euros por publicación en Instagram tras su polémica promoción de la campaña DMOCRACIA

La participación de la influencer Marina Rivers en la campaña institucional DMOCRACIA ha reabierto el debate sobre el uso de creadores de contenido en iniciativas financiadas con fondos públicos. Tras la difusión de un vídeo y varias publicaciones promocionando esta colección impulsada dentro de los actos conmemorativos de los '50 años de España en libertad', han trascendido también las tarifas que la creadora de contenido cobra habitualmente por sus colaboraciones comerciales en Instagram.

Según la información disponible en la plataforma especializada Nickname, dedicada a poner en contacto a marcas e influencers para campañas publicitarias, Marina Rivers establece unos precios que sitúan su perfil entre los más cotizados del panorama nacional. En concreto, un post en Instagram tiene un precio de 9.000 euros, la publicación de un Reel asciende igualmente a 9.000 euros, mientras que una story tiene un coste de 3.500 euros.

Estas cifras han cobrado especial protagonismo después de la controversia generada por su colaboración con la campaña DMOCRACIA, una iniciativa vinculada al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres. El proyecto busca acercar los valores democráticos a los jóvenes mediante una colección de ropa y diversas acciones promocionales protagonizadas por creadores de contenido con una amplia presencia en redes sociales.

La polémica surgió tras la publicación de una fotografía de Marina Rivers en el balcón del Congreso de los Diputados luciendo una de las prendas de la colección. Junto a la imagen escribió:

¿Un shooting en el Congreso de los Diputados? El otro día tuve la oportunidad de servir DMOCRACIA. Una colección de moda que propone sentir la democracia como algo tuyo.

La campaña forma parte del programa oficial diseñado para conmemorar el medio siglo transcurrido desde el inicio de la democracia en España tras el franquismo. Para financiar las distintas actividades previstas, el Consejo de Ministros autorizó una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros, destinada al Comisionado encargado de organizar los actos de la efeméride.

Aunque no ha trascendido públicamente cuál ha sido la remuneración concreta que Marina Rivers ha percibido por participar en esta campaña, la publicación de sus tarifas comerciales ha alimentado el debate en redes sociales sobre el coste que puede suponer contratar a perfiles con millones de seguidores para acciones de comunicación institucional.

La estrategia de recurrir a influencers se ha convertido en una práctica cada vez más habitual tanto para empresas privadas como para organismos públicos, especialmente cuando el objetivo consiste en conectar con el público más joven a través de plataformas como Instagram o TikTok. No obstante, este tipo de colaboraciones suele generar controversia cuando están vinculadas a campañas sufragadas con dinero público.

Las tarifas que aparecen en Nickname reflejan el valor comercial que el mercado atribuye actualmente a Marina Rivers como creadora de contenido. Un único post patrocinado puede alcanzar los 9.000 euros, una cifra que la sitúa entre los perfiles españoles mejor valorados dentro del marketing de influencia.

Mientras tanto, la campaña DMOCRACIA continúa generando opiniones enfrentadas. Sus defensores consideran que adaptar la comunicación institucional a los nuevos formatos digitales es una herramienta eficaz para acercar los valores democráticos a las nuevas generaciones. Por el contrario, sus críticos cuestionan tanto el gasto destinado a estas acciones como la utilización de influencers para promocionar iniciativas impulsadas desde el Gobierno, especialmente en un contexto marcado por el debate sobre la prioridad del gasto público.