El PSOE de Andalucía vuelve a tirar de oportunismo político y, apenas horas después de que el Ayuntamiento almeriense de Carboneras haya aprobado anular la licencia que autorizó la construcción del hotel El Algarrobico, dándose así el primer paso para su derribo, su secretaría general, María Jesús Montero, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para exigir a la Junta de Andalucía “la demolición urgente” de esta construcción.
Hay que recordar que se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable.
Se da la circunstancia de que dicho hotel se levantó con el PSOE gobernando no solo en la Junta de Andalucía, sino también en el Ayuntamiento de Carboneras, que fue quien concedió dicha licencia de construcción, ahora anulada.
En su comparecencia ante los medios, Montero, que ha asegurado que “es un empeño del Gobierno de España, del PSOE y mío personal que el Hotel El Algarrobico se tire”, no ha dudado en reclamar al Gobierno de Juanma Moreno que “una vez conocida la resolución del Pleno inste a la demolición urgente del hotel” pues, como le ha espetado que “no se trata solo de tenerlo en la hoja de ruta” sino de ejecutarlo “de inmediato, hoy mejor que mañana”, ha afirmado.
Curiosamente, a la socialista se la ha olvidado ya cuando, hace más de un año, concretamente en febrero del pasado 2025 y siendo vicepresidenta del Gobierno de Sánchez y ministra de Hacienda, se fue hasta la puerta de El Algarrobico para prometer que el Ejecutivo central iba a iniciar el proceso para demoler el hotel con el que “poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”.
No contenta con esto, pocos meses después, en abril, afirmó que el derribo del hotel se producirá “con o sin la colaboración de la Junta” y afirmó de manera categórica que éste tendría lugar antes de que finalizase 2025. Pues ni una ni otra. No cumplió absolutamente nada de lo prometido.
Sin embargo, desde el PSOE-A se exige ahora a la Junta de Andalucía que reclame “de urgencia” a la empresa constructora o, en su defecto, “al Ayuntamiento de Carboneras de forma subsidiaria” que “ese monumento a la agresión contra el medio ambiente desaparezca de la costa andaluza”.
