El consistorio recuerda además el precedente del 15-M de 2011, cuando Policía Nacional y Municipal participaron en el primer desalojo de Sol, aunque posteriormente el Gobierno optó por no intervenir
La acampada instalada en plena Puerta del Sol ha abierto un nuevo frente entre administraciones. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid señalan al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno por haber permitido que centenares de personas levantaran sus tiendas tras la manifestación por la vivienda y cuestionan ahora que el Gobierno sitúe la responsabilidad de un eventual desalojo en la Policía Municipal.
Fuentes del Ejecutivo regional sostienen que las competencias corresponden a la Policía Nacional y acusan a Interior de "lavarse las manos". Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska mantienen otra interpretación: mientras la concentración continúe siendo pacífica y no se produzcan alteraciones del orden público, consideran que la actuación sobre la ocupación del espacio público corresponde a los agentes municipales.
La Comunidad de Madrid culpa al Ministerio de Interior de permitir la acampada en Sol
La retirada policial, en el centro de la polémica
El punto que eleva la tensión es lo sucedido cuando comenzaron a instalarse las tiendas. El Ayuntamiento asegura que la Policía Nacional se retiró de sus posiciones cuando arrancaron los asentamientos y reclama saber si existió una orden expresa de la Delegación del Gobierno. Sindicatos policiales también han denunciado que los agentes recibieron instrucciones para no intervenir.
Interior mira hacia otro lado tras la acampada en Sol
El consistorio recuerda además el precedente del 15-M de 2011, cuando Policía Nacional y Municipal participaron en el primer desalojo de Sol, aunque posteriormente el Gobierno optó por no intervenir ante la continuidad de las concentraciones.
Mientras las administraciones discuten quién debe actuar, la protesta continúa. Este lunes alrededor de 600 personas permanecían en más de 300 tiendas de campaña, según Telemadrid. Los participantes reclaman al Gobierno nuevas medidas de vivienda, entre ellas contratos indefinidos de alquiler, y mantienen la presión a la espera del próximo Consejo de Ministros.
