El 'caso Koldo' ha estado en el foco de atención durante los últimos días tras la declaración de José Luis Ábalos y Koldo García. El caso Koldo se desató el 20 de febrero con la detención del colaborador más cercano del exministro José Luis Ábalos por parte de la Guardia Civil. Desde entonces, han pasado diez meses sin que se hayan podido rastrear las comunicaciones o cuentas del diputado para verificar posibles movimientos económicos que confirmen las sospechas de cobro de comisiones.
Según El Confidencial, su preocupación por la posible destrucción de pruebas durante este tiempo. Ábalos, protegido por su condición de aforado, seguirá sin una investigación profunda hasta que el Congreso tramite el suplicatorio enviado por el Supremo.
Ábalos estuvo tres horas declarando en el Tribunal Supremo
La investigación específica sobre el exministro comenzó a finales de noviembre, cuando el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, solicitó su imputación al Tribunal Supremo. Las pesquisas iniciales revelaron "indicios fundados y serios" de su papel principal en la presunta organización criminal liderada por su asesor de confianza.
En la primera fase, la Guardia Civil accedió a las conversaciones de Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y otros implicados. Moreno subrayó la necesidad de realizar diligencias que afecten directamente al diputado para avanzar en la instrucción.
El Supremo ofreció a Ábalos declarar voluntariamente y también interrogó a García y Aldama. Sin embargo, no creyó en la inocencia del exministro y decidió continuar con la investigación basándose en las pruebas recabadas.
El Supremo asegura que van a investigar los lazos de José Luis Ábalos con Delcy Rodríguez
Durante todo este tiempo, la figura de Ábalos ha estado bajo sospecha, lo que llevó a su expulsión del PSOE. La investigación directa sobre él era inevitable y él lo sabía.
Desde febrero, con la investigación en marcha, su estrategia se ha centrado en ganar tiempo. Esta táctica de protección continúa, como se evidencia en las recientes decisiones de su defensa.
Tras hacerse público que el Supremo quiere imputarle formalmente y ordenar pruebas directas sobre sus vínculos con la red. Sin embargo, Ábalos ha tomado medidas para dilatar nuevamente las pesquisas y busca la nulidad del procedimiento.
