La liberación de Aldama desata sospechas sobre una trama que salpica al Gobierno
El principal comisionista del fraude revela nexos con ministros mientras cuestionan su excarcelación exprés
La trama de corrupción que implica a Víctor de Aldama sigue generando controversia. Sobre todo, por los delitos que se le imputan y la inesperada decisión de dejarlo en libertad tras sus declaraciones ante la Audiencia Nacional.
Este empresario, señalado como el principal comisionista de una red que salpica al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez, enfrentaba hasta hace poco un claro riesgo de fuga. Tal y como había sentenciado la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
El 15 de noviembre, los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Jesús Gutiérrez confirmaron la prisión provisional dictada por el juez Pedraz contra Aldama.
La razón era contundente: el riesgo de que el empresario pudiera evitar una condena que podría traducirse en una larga pena de cárcel.
Además, alertaron sobre la posibilidad de que destruyera pruebas y ocultara los beneficios obtenidos a través del presunto fraude millonario en el IVA de hidrocarburos.
Sin embargo, solo una semana después de esta resolución, la Fiscalía, liderada por Luis Pastor, solicitó la puesta en libertad del empresario, argumentando una supuesta colaboración activa con la justicia.
Este cambio de postura generó suspicacias, especialmente entre sectores críticos con la gestión de los casos que rozan el entorno del Ejecutivosocialista.
¿Colaboración o estrategia calculada?
El auto del juez Pedraz, que recogía la excarcelación de Aldama, citaba la disposición del imputado a colaborar en las distintas causas abiertas contra él.
Aldama habría aportado información valiosa sobre el fraude de hidrocarburos, el caso Koldo y la investigación que implica a José Luis Ábalos.
Sin embargo, esta excarcelación ha levantado críticas por la rapidez con la que se resolvió. Especialmente si se compara con la lentitud con la que la Fiscalía había actuado en otros procedimientos.
Apenas seis horas después de su declaración ante el juez Ismael Moreno, el fiscal solicitó formalmente la liberación del empresario. Una decisión que algunos observadores ven como una maniobra para proteger a figuras del entorno gubernamental.
La sombra de la corrupción y las dudas sobre la justicia
Víctor de Aldama está en el centro de una trama que expone prácticas que comprometen al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Según los informes preliminares, las actividades fraudulentas no solo involucran a empresarios, sino que podrían alcanzar a altos cargos del PSOE.
A pesar de las promesas de colaboración, la liberación de Aldama podría interpretarse como un intento de diluir responsabilidades y enfriar el impacto mediático.
El auto de Pedraz establece medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la obligación de comparecencias semanales.
Sin embargo, estas disposiciones no han convencido, se considera que las alarmas encendidas por la Sala de Apelaciones hace apenas unos días siguen siendo válidas.
Impacto político
El caso Aldama no solo pone en tela de juicio la independencia de las instituciones judiciales, también representa un golpe a la credibilidad del Gobierno.
La vinculación de figuras del PSOE en tramas corruptas genera un desgaste evidente en un Ejecutivo que ha enfrentado múltiples polémicas en los últimos años.
La rapidez con la que se ha gestionado esta excarcelación, en contraste con otros procesos judiciales, alimenta la percepción de una justicia a medida cuando se trata de proteger al poder.
Con la oposición exigiendo explicaciones y una sociedad cada vez más desencantada, este caso se perfila como un nuevo escándalo que podría marcar la legislatura de Pedro Sánchez.
La pregunta que queda en el aire es si la colaboración prometida por Víctor de Aldama será suficiente para esclarecer los hechos. O si, por el contrario, solo busca ganar tiempo en una trama donde las responsabilidades parecen ir mucho más allá de un único empresario.
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