El Pleno estudia la admisión del amparo contra las medidas del Supremo sobre el censo electoral, mientras el ponente considera prematura la iniciativa, según El Debate
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta un nuevo obstáculo en la controversia sobre la ley de nietos y sus efectos en el censo electoral del 29 de noviembre. El Tribunal Constitucional examina desde este martes el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra las medidas cautelarísimas con las que el Supremo frenó la incorporación al censo de ciudadanos nacionalizados al amparo de esta vía.
La iniciativa de Gabilondo, distinta de las actuaciones de la Abogacía del Estado, pretende combatir unas decisiones que afectan a cerca de 180.000 personas, según la información publicada por María Jamardo en El Debate. Sin embargo, antes de abordar el fondo, el Constitucional debe determinar si el recurso reúne los requisitos para ser admitido.
El primer examen no se presenta despejado. Según esa información, el magistrado ponente, Enrique Arnaldo, considera prematura la petición y se muestra contrario a admitirla. Entre las objeciones figura la existencia de un recurso todavía pendiente ante el Supremo. Su criterio deberá someterse al Pleno y no equivale a una resolución definitiva.
La ley de nietos complica los planes de Sánchez: el recurso de Gabilondo afronta dudas procesales en el Constitucional
La urgencia del 29N no elimina los requisitos procesales
El conflicto procede de dos procedimientos impulsados por Vox e Iustitia Europa, en los que el Supremo adoptó medidas cautelarísimas relativas al censo. La discusión alcanza a ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española como descendientes de españoles y a su posible participación en las próximas elecciones generales.
La Abogacía del Estado cuestionó las resoluciones y contó con el respaldo de la Fiscalía en sus alegaciones. El recurso de Gabilondo abre ahora otra vía, pero también plantea una discusión sobre si corresponde acudir ya al Constitucional cuando siguen existiendo actuaciones pendientes en la jurisdicción ordinaria.
Según el relato publicado, el Supremo habría respondido a las impugnaciones de la Abogacía del Estado, pero aún tendría que resolver la presentada por una de las entidades personadas, cuya legitimación ya habría sido reconocida.
Ese trámite pendiente impide presentar la intervención del Constitucional como una solución automática. Para el Ejecutivo, el calendario electoral añade presión a un asunto que exige respuestas jurídicas precisas. La proximidad de las urnas no sustituye los requisitos que debe cumplir un recurso ni garantiza que el tribunal pueda pronunciarse de inmediato sobre el fondo.
La ley de nietos complica los planes de Sánchez: el recurso de Gabilondo afronta dudas procesales en el Constitucional
Un precedente de 1984 añade dudas sobre la intervención de Gabilondo
La información de El Debate señala también el auto 94/1984 como uno de los antecedentes relevantes para el debate. Aquel procedimiento abordó una intervención del Defensor del Pueblo relacionada con una posible vulneración de la tutela judicial efectiva, a petición del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Alicante.
Cuando el Constitucional admitió los recursos de los propios afectados, el Defensor desistió. El tribunal aceptó su retirada al no apreciar razones de interés público que exigieran mantener aquel procedimiento. La aplicación de ese antecedente al caso actual deberá ser valorada por los magistrados: no determina por sí sola el resultado.
En el asunto de la ley de nietos, las objeciones se centran en cómo encaja la actuación de Gabilondo con las posibilidades de defensa de los afectados y con los trámites aún abiertos ante el Supremo. Las críticas que califican su iniciativa de “fraude procesal” son valoraciones controvertidas, no una conclusión adoptada por el Constitucional.
El Gobierno queda así ante un examen que no puede resolver con mensajes políticos. Defender su actuación exige responder a las objeciones jurídicas, no dar por hecho que el Constitucional corregirá al Supremo. El Pleno decidirá si el recurso puede tramitarse; hasta entonces, la vía promovida por Gabilondo sigue siendo una petición pendiente de admisión.
