Sánchez dispara las ayudas a UGT y CCOO: más de 569 millones de euros en ocho años
Las dos principales centrales sindicales españolas y sus entidades vinculadas acumularon más de 569 millones de euros en subvenciones entre 2018 y 2025
El dinero público destinado a UGT y CCOO ha experimentado un importante crecimiento desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Las dos principales centrales sindicales españolas y sus entidades vinculadas acumularon más de 569 millones de euros en subvenciones entre 2018 y 2025, de acuerdo con una investigación publicada por ABC a partir de los registros del Ministerio de Hacienda.
El periódico señala que el volumen anual de estas ayudas alcanzó los 93,7 millones de euros en 2025, frente a los 69,6 millones contabilizados en 2018. La diferencia supone un incremento del 34 % durante el periodo analizado.
Sin embargo, el crecimiento resulta todavía mayor al examinar las aportaciones directas del Estado. Estas se han multiplicado por casi cuatro respecto a la etapa de Mariano Rajoy, al pasar de 8,8 millones a 32 millones de euros.
Las cantidades recogidas por ABC incluyen distintas vías de financiación pública y, en el caso de los 569 millones, también los fondos concedidos a organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones relacionadas con ambos sindicatos.
Sin embargo, el crecimiento resulta todavía mayor al examinar las aportaciones directas del Estado
El último año dejó otro incremento del 25 %
La evolución de las subvenciones muestra una subida especialmente significativa desde que Yolanda Díaz asumió las competencias de Trabajo.
En 2020, la financiación directa anual se encontraba por debajo de los nueve millones de euros. Al año siguiente, las aportaciones ascendieron hasta los 13,9 millones.
El crecimiento no se detuvo ahí. Según la documentación examinada por ABC, durante 2025 las ayudas directas registraron un nuevo incremento del 25 %.
Este aumento se produjo mientras UGT y CCOO respaldaban varias de las iniciativas laborales promovidas por Díaz, entre ellas la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas y los cambios en el control del tiempo de trabajo.
Ambas propuestas formaron parte de la agenda del Ministerio, aunque encontraron dificultades para salir adelante.
