El mercado del alquiler vuelve a calentarse y esta vez con los propietarios en pie de guerra. Las últimas medidas impulsadas por el Gobierno han encendido las alarmas en el sector, que ve cómo pierde margen de maniobra sobre sus propias viviendas.
El punto más conflictivo está en la posibilidad de que los inquilinos puedan alargar su contrato aunque el propietario no quiera. Una situación que, en la práctica, cambia las reglas del juego y deja a muchos caseros con la sensación de no tener el control.
El malestar no es menor. Cada vez más propietarios empiezan a cuestionarse si les compensa seguir alquilando en un contexto en el que las condiciones pueden cambiar de un momento a otro.
Prórrogas obligatorias que tensan el mercado
La norma permite que determinados inquilinos puedan ampliar su contrato durante un periodo adicional, manteniendo las condiciones previas. Es decir, el propietario está obligado a aceptar esa continuidad si se cumplen los requisitos.
Este punto ha sido el que ha hecho saltar todas las alarmas. Muchos caseros consideran que se trata de una imposición que limita su capacidad de decidir sobre el uso de su vivienda, especialmente en un momento en el que el mercado está en plena transformación.
