Las fechas que 'empañan' la investigación sobre Begoña Gómez

Begoña Gómez sigue dando que hablar. Y más después del levantamiento del sumario.

Begoña Gómez se puso en contacto con sus abogados el pasado 9 de abril. Es decir, se produjo un día después de que la denuncia fuese admitida a trámite. 

La gran pregunta ahora es si Begoña Gómez se enteró de esa denuncia y cómo pudo enterarse Begoña Gómez. Tanto es así que, de manera precavida y repentina, se pusiera en contacto con sus abogados.

Es por esto que las fechas juegan un papel tan importante. Más aún cuando el anuncio oficial no se produjo hasta el día 22 de abril. Begoña Gómez contactó con sus abogados 14 días antes de que se comunicara oficialmente la querella. 

Begoña Gómez estaba en foco. La asociación Hazte Oír actuó de esta manera tras haber presentado tres denuncias abril. Ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

"El pasado 8 de abril presentamos denuncia de estos hechos ante la Fiscalía. A pesar del tiempo transcurrido, la Fiscalía no se ha pronunciado. No ha dicho nada sobre el posible carácter delictivo de los hechos denunciados", explicó el portavoz de Hazte Oír, Miguel Tomás. 

Hazte Oír pone contra las cuerdas a Begoña Gómez

Begoña Gómez vuelve a estar en el centro de la diana. La organización Hazte Oír ha confirmado que solicitará el movimiento de cuentas bancarias vinculadas a Begoña Gómez. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. 

Esta nueva información pone contra las cuerdas a Begoña Gómez. Supondría un paso en la investigación que se está llevando a cabo. Unos hechos que se centran en los contratos en los que supuestamente se ve envuelta Begoña Gómez.

La condena a la que podría enfrentarse 

Los delitos por los que se investiga a Begoña Gómez podrían ser muy graves. Llevan consigo condenas que podrían incluir tiempo en prisión, multas considerables e inhabilitación para ocupar cargos públicos o ejercer ciertas actividades comerciales.

Artículo 429: Este artículo sanciona el abuso de relaciones personales para influir en funcionarios públicos en beneficio propio o a favor de terceros. Por este delito, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años.

Además de una multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público.

Añade, según el Código Penal, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. También perdería el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales.

También de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

Artículo 286 bis: En este caso, se trata de la corrupción privada. Esta se castiga cuando se ofrece ventajas no justificadas a directivos o colaboradores de entidades privadas para obtener favores indebidos.

La pena será de prisión de 6 meses a 4 años. Sumar a esto inhabilitación especial por tiempo de 1 a 6 años para el ejercicio de industria o comercio. Además de una multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.