La iniciativa supondrá la entrada en territorio español de 581 personas procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Eritrea
El Gobierno de Pedro Sánchez destinará parte de los recursos previstos para la acogida de refugiados en 2026 a una nueva operación que se desarrollará durante las últimas semanas del año. La iniciativa supondrá la entrada en territorio español de 581 personas procedentes de Sudán, Sudán del Sur y Eritrea, que viajarán desde Egipto hasta Madrid en diciembre.
El operativo, adelantado por Libertad Digital, ya ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las autoridades trabajan con una planificación que contempla cuatro llegadas al aeropuerto de Madrid-Barajas, aunque el número de viajeros podría variar antes de que se produzcan los desplazamientos.
La mayor parte de los beneficiarios se concentrará en dos jornadas. El 10 de diciembre está previsto el traslado de 217 personas, mientras que el día 22 llegará otro grupo de 220. Entre ambas fechas se han programado otras dos expediciones: una de 80 refugiados el 11 de diciembre y otra de 64 el día 21.
El Ejecutivo recurrirá tanto a vuelos comerciales como a aeronaves chárter, con dos servicios de cada modalidad para completar el traslado.
La operación se produce después de que el Consejo de Ministros aprobara, en marzo, una nueva planificación anual para facilitar la acogida de personas que necesitan protección internacional. El programa establece un límite de 1.200 plazas para 2026 y dispone de 26 millones de euros, financiados parcialmente mediante fondos de la Unión Europea.
Esta cantidad corresponde al presupuesto global de la iniciativa, por lo que no representa exclusivamente el coste de los cuatro vuelos previstos para diciembre.
La incorporación de estos nuevos beneficiarios dará continuidad a un mecanismo mediante el cual España ha recibido 3.600 refugiados en los últimos cuatro años, según las cifras oficiales del Ministerio de Inclusión.
A diferencia de otros movimientos migratorios, las personas acogidas por esta vía no llegan a España por iniciativa propia a través de rutas irregulares. Su incorporación al sistema español de protección internacional requiere un procedimiento previo en el que participan distintas organizaciones.
En primer lugar, ACNUR propone los casos de personas desplazadas que reúnen las condiciones para optar al reasentamiento. Las autoridades españolas estudian posteriormente los expedientes y deciden cuáles pueden incorporarse al programa. Una vez concedida la autorización, la Organización Internacional para las Migraciones organiza los aspectos sanitarios y logísticos del viaje.
El anuncio de estos traslados coincide con una situación especialmente complicada en Canarias, donde el aumento de las entradas irregulares ha incrementado las necesidades de atención humanitaria. La presión sobre El Hierro ha llevado a reforzar la asistencia sanitaria y ampliar los espacios destinados a recibir a los recién llegados.