El detalle jurídico resulta especialmente relevante. El tribunal apunta a que la vía utilizada para denunciar una inactividad administrativa exige, con carácter general, que transcurra un plazo de tres meses
La batalla por la acampada instalada en plena Puerta del Sol suma un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a rechazar la petición de la Comunidad de Madrid para forzar el desalojo de los manifestantes, aunque esta vez introduce un matiz determinante: los magistrados no entran todavía a decidir si la permanencia de la acampada es legal.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al considerar que, en este momento del procedimiento, no se ha acreditado la existencia de una "inactividad administrativa" de la Delegación del Gobierno en Madrid.
El detalle jurídico resulta especialmente relevante. El tribunal apunta a que la vía utilizada para denunciar una inactividad administrativa exige, con carácter general, que transcurra un plazo de tres meses. La acampada lleva instalada en Sol desde finales de septiembre, muy lejos todavía de ese periodo.
La Justicia no desaloja a los acampados de Sol
Todo queda en manos de la Delegación del Gobierno
La resolución llega después de que la Delegación del Gobierno se haya opuesto expresamente al desalojo. La Abogacía del Estado sostiene que una intervención policial podría terminar provocando «incidentes de fuerza» y riesgos tanto para las personas como para edificios y mobiliario urbano.
El TSJM ya había rechazado anteriormente las medidas cautelarísimas reclamadas por la Comunidad, recordando entonces que la disolución de una concentración debe constituir el último recurso y que una actuación de este tipo podría afectar al derecho de reunión.
Por tanto, la fotografía que deja el nuevo auto es singular: la Justicia no ordena desalojar Sol, pero tampoco declara legal la acampada. El procedimiento principal continúa abierto y la Comunidad de Madrid dispone de cinco días para recurrir esta última decisión.
Mientras tanto, las tiendas de campaña permanecen frente a la Real Casa de Correos y el conflicto político sobre quién debe actuar sigue exactamente donde empezó: entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.
