La Delegación del Gobierno en Madrid considera que podría generar un problema de seguridad
La Delegación del Gobierno en Madrid considera que intervenir por la fuerza para acabar con la acampada de la Puerta del Sol podría generar un problema de seguridad mayor que mantener a los manifestantes en la plaza.
Ese es uno de los argumentos trasladados a la Justicia para oponerse a la petición de la Comunidad de Madrid, que reclama el desalojo de la protesta instalada frente a la Real Casa de Correos.
La posición de la Delegación ha sido presentada por la Abogacía del Estado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que debe decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso acudió a los tribunales después de acusar a la Delegación de no actuar para poner fin a la acampada. La Comunidad sostiene que existe una ocupación ilegal del espacio público y reclama que se ordene su disolución.
La Delegación rechaza esa solución y pone el foco en las consecuencias que podría tener una intervención policial para retirar a las personas que permanecen en Sol.
Según argumenta la Abogacía del Estado, ejecutar el desalojo podría obligar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a emplear medidas físicas contra los acampados.
La preocupación expresada ante el tribunal es que una actuación de esas características pueda desembocar en enfrentamientos y provocar daños tanto a las personas presentes como al mobiliario urbano o a los edificios situados alrededor de la plaza.
Por ello, la representación jurídica de la Delegación defiende ante el TSJM que, en las circunstancias actuales, mantener la acampada supone un riesgo menor que proceder a su desalojo.
La disputa entre ambas administraciones queda ahora en manos de los magistrados. El TSJM ya rechazó ordenar la retirada inmediata de los acampados mediante el procedimiento de urgencia solicitado inicialmente por la Comunidad de Madrid y continúa estudiando la petición de medidas cautelares por la vía ordinaria.
