La Fiscalía extiende esta petición a Cristina Álvarez, asistente de Gómez
La Fiscalía no aprecia delito en la actuación de Begoña Gómez y reclama que sea absuelta en la causa relacionada con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid.
El Ministerio Público ha plasmado su posición en su escrito de conclusiones, donde rechaza que la mujer de Pedro Sánchez se beneficiara económicamente de las actuaciones investigadas o que las empresas relacionadas con la cátedra obtuvieran ventajas posteriores por su colaboración.
La Fiscalía extiende esta petición a Cristina Álvarez, asistente de Gómez, y solicita además que durante el procedimiento presten declaración cerca de una treintena de testigos.
Uno de los aspectos sobre los que pone el foco es precisamente el dinero. Según las conclusiones del fiscal, no consta que Gómez o Álvarez consiguieran un beneficio económico por los hechos analizados ni que la Universidad Complutense sufriera un quebranto patrimonial.
La institución universitaria mantiene, no obstante, una reclamación de 108.000 euros para el supuesto de que se produzca una condena.
El Ministerio Público también niega que exista una conexión entre las compañías que participaron en la cátedra y posteriores ventajas en materia de contratación. Según sostiene, las empresas que patrocinaron o colaboraron con el proyecto no cobraron por hacerlo y tampoco se habría acreditado que esa participación favoreciera su contratación posterior en el ámbito público o privado.
Otro de los argumentos afecta a la propia llegada de Gómez a la universidad. La Fiscalía recuerda que su vinculación con la Complutense comenzó en 2012, mientras que Pedro Sánchez no alcanzó la Presidencia del Gobierno hasta seis años después.
Desde el inicio de esa relación académica, Gómez habría percibido unos 40.000 euros. El fiscal desvincula esas cantidades de la formación concreta sobre la que ha girado la investigación.
También aborda las condiciones necesarias para ponerse al frente de una cátedra extraordinaria. Frente a las dudas planteadas sobre la capacitación académica de Gómez, el escrito señala que la Complutense utiliza este tipo de proyectos para canalizar colaboraciones y financiación procedente de entidades privadas.
La Fiscalía sostiene además que la universidad ha creado otras cátedras extraordinarias sin exigir a sus responsables una titulación específica o la presentación de un determinado currículum académico.
Por último, el escrito entra en las gestiones realizadas por Cristina Álvarez para Gómez. El Ministerio Público encuadra esas actuaciones dentro de sus funciones como personal de confianza encargado de asistir a la mujer del presidente y organizar su agenda.
Aunque reconoce que realizó alguna gestión relacionada con la actividad universitaria de Gómez, la Fiscalía considera que estas actuaciones no perjudicaron el cumplimiento de sus responsabilidades.
