La indignante iniciativa de Ione Belarra que favorece a los inmigrantes ilegales

Ione Belarra se encuentra en el centro de la polémica. La candidata de la secretaria general de Podemos propone un conjunto de medidas políticas centradas en la regulación de la inmigración. Según The Objective, defiende que los inmigrantes sin regularizar reciban la nacionalidad española a través de un proceso acelerado aprobado por el Consejo de Ministros.

Por otro lado, plantea realizar otro tipo de cambios. Por ejemplo, aboga por sancionar a quienes hagan un uso indebido del alquiler de temporada y por crear un impuesto sobre las viviendas vacías.

Además, se opone rotundamente a los desahucios sin una alternativa habitacional, sugiriendo su total prohibición. Por último, plantea ilegalizar entidades como 'Desokupa', a las que acusa de operar como "comandos parapoliciales". Así lo confirma el medio mencionado.

Los documentos de la candidatura de Belarra, presentados bajo el lema "Orgullosamente Podemos", incluyen estas propuestas, a las cuales Europa Press ha tenido acceso. Dichos documentos han sido registrados para que Belarra se postule nuevamente. 

La denuncia que acorrala a Belarra

Ione Belarra debe asumir las consecuencias de sus actos. Esta vez, la Comunidad de Madrid ha tomado medidas legales contra la secretaria general de Podemos tras sus graves acusaciones durante la pandemia. También contra el secretario de organización de Podemos, Juan Pablo Fernández.

Durante ese periodo, los podemitas criticaron muy duramente la gestión de la capital en lo que a las residencias de mayores se refiere. Más concretamente, lo calificó de "homicida y criminal".

Es por eso que Madrid no se quedará de brazos cruzados. Junto con la querella contra Reyes Maroto, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, la comunidad de Ayuso dará un paso al frente. 

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo regional y responsable de Presidencia, Justicia y Administración Local, dio declaraciones. En una rueda de prensa que las demandas se han presentado en los juzgados de Primera Instancia de Madrid. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, García Martín denunció que se han cruzado todos los límites de la ética en política.