José Luis Ábalos no ha logrado que la Justicia invalide las pruebas intervenidas en su domicilio durante la investigación sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado las alegaciones del exministro socialista y ha respaldado la legalidad de la operación desarrollada por la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre.
Según informa EFE, el magistrado considera que las actuaciones policiales se ajustaron a las garantías legales y descarta que el antiguo titular de Transportes sufriera indefensión. La resolución, que no admite recurso, frustra el intento de Ábalos de dejar sin efecto el registro y recuperar la validez de sus objeciones frente a la incautación de once dispositivos electrónicos.
El exdirigente del PSOE, actualmente en prisión, había cuestionado tanto el procedimiento seguido por los investigadores como el alcance de la autorización judicial. Su defensa sostenía que la operación había afectado a derechos constitucionales y que no existía una justificación suficiente para las medidas acordadas.
El exdirigente del PSOE, actualmente en prisión, había cuestionado tanto el procedimiento seguido por los investigadores
Uno de los aspectos que motivaron sus protestas fue el papel desempeñado por Andrea de la Torre, actual pareja del exministro. Fue ella quien estuvo presente cuando los agentes inspeccionaron el inmueble, una circunstancia que Ábalos consideraba problemática debido a su propia situación procesal.
De la Torre también se encuentra bajo investigación por presunto blanqueo de capitales. Las sospechas policiales giran en torno a determinadas operaciones inmobiliarias que habría realizado con fondos procedentes del empresario Cristian Corvillo. En concreto, se examina la adquisición de un local comercial y una plaza de aparcamiento para determinar si estas transacciones pudieron servir para canalizar dinero hacia el antiguo responsable ministerial.
La defensa de Ábalos argumentaba que la condición de investigada de su pareja impedía considerar suficiente su presencia durante el registro, puesto que sus intereses procesales podrían no coincidir con los del exministro.
Sin embargo, Moreno no aprecia ninguna vulneración de derechos por este motivo y considera que la diligencia se desarrolló dentro de los límites establecidos judicialmente.
Tampoco ha prosperado la denuncia relativa a la inspección de otras dependencias del edificio. El exministro aseguraba que la Guardia Civil había accedido a un establecimiento situado en la parte inferior del inmueble sin disponer del permiso correspondiente.
Frente a esta acusación, el instructor señala que la orden judicial contemplaba expresamente la posibilidad de registrar espacios vinculados a la vivienda, sin limitar la intervención policial a las habitaciones de uso residencial.
El magistrado también ha respondido a las quejas sobre la falta de notificación de determinadas actuaciones. La investigación se desarrolló inicialmente en una pieza reservada cuyo contenido fue comunicado a las partes después de que se levantara el secreto y se integraran las diligencias en la causa principal.