La preocupación del PSOE por las posibles filtraciones durante la campaña electoral ha llegado hasta la Audiencia Nacional. La formación de Pedro Sánchez ha conseguido que la documentación relativa a sus contrataciones jurídicas permanezca reservada mientras avanza la investigación sobre las presuntas 'cloacas' socialistas.
Según publica ABC, el juez Santiago Pedraz ha limitado a la Fiscalía el acceso a una serie de documentos que permiten conocer los gastos del partido en asesoramiento jurídico durante los últimos años. Se trata de tres cajas y un pendrive que contienen facturas de profesionales y empresas del sector legal cuyos servicios fueron contratados entre 2021 y 2025.
El PSOE había trasladado al magistrado su inquietud ante la posibilidad de que estos datos salieran a la luz coincidiendo con la celebración de las elecciones. En concreto, sostiene que la publicación de información aislada podría perjudicar sus intereses y provocar consecuencias que no podrían subsanarse mediante aclaraciones posteriores.
Sin embargo, la entrega de estos documentos no se ha producido de manera inmediata. Pedraz tuvo que reclamar la información en varias ocasiones ante la falta de respuesta satisfactoria de los socialistas. La situación llevó al instructor a emitir una advertencia en octubre, cuando concedió al partido otros 15 días para cumplir con sus exigencias.
La formación justificó inicialmente el retraso por la complejidad de reunir los datos de sus diferentes estructuras territoriales. Argumentó que las federaciones podían contratar servicios jurídicos de manera independiente, por lo que resultaba necesario consultar a distintos responsables antes de completar la documentación.
La formación justificó inicialmente el retraso por la complejidad de reunir los datos
Tras el aviso judicial, el partido asegura haber adoptado las medidas necesarias para atender las peticiones del instructor. También se ha comprometido a ampliar las explicaciones sobre determinados trabajos profesionales si el análisis de las facturas revela la necesidad de obtener información adicional.
No obstante, los socialistas mantienen sus reservas sobre el alcance de las pesquisas. En sus alegaciones recuerdan que algunos contratos pueden estar sujetos a obligaciones de confidencialidad y que la identidad de quienes reciben asesoramiento jurídico no siempre puede hacerse pública sin examinar previamente las garantías del secreto profesional.
El PSOE también ha aprovechado su comunicación con el juzgado para expresar su descontento por la difusión de informaciones procedentes de la investigación. Aunque no señala a ningún responsable, advierte de que ya se han conocido públicamente detalles de las actuaciones judiciales y considera necesario evitar que vuelva a suceder.