La iniciativa llega sin los apoyos necesarios y con la sospecha de que el Ejecutivo busca más el impacto político que un resultado real
El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Congreso su propuesta para blindar el aborto en la Constitución en un movimiento que ya nace rodeado de críticas y con escasas posibilidades de prosperar. La iniciativa, que pretende modificar el artículo 43, llega sin los apoyos necesarios y con la sospecha de que el Ejecutivo busca más el impacto político que un resultado real.
Desde la oposición se acusa al Gobierno de priorizar cuestiones ideológicas mientras evita abordar otros problemas urgentes. Además, la rapidez con la que se ha tramitado el proyecto, por la vía de urgencia, refuerza la idea de que el Ejecutivo pretende acelerar un debate que, previsiblemente, no cuenta con el respaldo suficiente en las cámaras.
Un atajo legal para evitar el procedimiento más exigente
El punto más polémico del proyecto está en la vía elegida. En lugar de reformar el artículo 15 de la Constitución, que recoge el derecho a la vida y obligaría a un procedimiento agravado con disolución de las Cortes, el Gobierno ha optado por modificar el artículo 43, una vía más rápida y menos exigente.
Desde el Partido Popular consideran que esta decisión no es casual y denuncian que se trata de un intento de esquivar las mayorías cualificadas. En esa línea, citan al jurista Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quien ha advertido de que la reforma podría suponer “un fraude a la Constitución”.
Este enfoque ha abierto un debate jurídico relevante, ya que, según los críticos, el Ejecutivo estaría tratando de modificar de forma indirecta un aspecto clave del texto constitucional sin asumir las exigencias que ello implica.
Iniciativa sin recorrido real en el Parlamento
Más allá de la polémica jurídica, el principal obstáculo del Gobierno es la aritmética parlamentaria. Para aprobar la reforma necesitaría una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, un escenario que, a día de hoy, resulta prácticamente inalcanzable.
Con el Senado bajo mayoría del PP y sin apoyos suficientes en el Congreso, la iniciativa parece abocada al bloqueo. Incluso en el mejor de los casos, el proceso se alargaría con nuevas votaciones y negociaciones que no garantizan ningún resultado favorable para el Ejecutivo.
Todo ello refuerza la sensación de que el Gobierno ha impulsado una reforma sin base real para sacarla adelante. Un movimiento que, según sus críticos, responde más a una estrategia política que a una voluntad efectiva de modificar la Constitución.
