El argumento oficial es que se analiza caso por caso la imposibilidad de rectificación en el país de origen. Pero sin un reglamento que fije criterios objetivos y verificables, esa revisión queda a la discrecionalidad administrativa. La falta de transparencia alimenta dudas que el propio Gobierno podría disipar aprobando, de una vez, el texto pendiente.
Regularización masiva y ampliación sin control claro
Todo ocurre además en paralelo a la regularización masiva pactada por PSOE y Podemos y avalada en el Consejo de Ministros. El plan puede afectar a más de medio millón de personas y activa derechos desde la mera solicitud. La magnitud de la medida exigía, si cabe, mayor rigor normativo.
Desde el momento en que se presenta la petición, se suspenden órdenes de expulsión y se abren puertas laborales y sanitarias. A esa ampliación se suma ahora la posibilidad de rectificar nombre y sexo sin que exista el desarrollo reglamentario previsto. La combinación de decisiones aceleradas y normas incompletas dibuja un escenario de gestión improvisada.
El patrón se repite: primero se anuncia la medida, después se aplica y solo más tarde se aborda, si llega, el encaje técnico. Para sus críticos, no se trata de inclusión ni de derechos, sino de gobernar por impulsos y consolidar hechos consumados. La pregunta de fondo es si el Ejecutivo considera opcional cumplir sus propias obligaciones legales.
