El Gobierno da vía libre a que inmigrantes ilegales cambien de nombre y sexo al amparo de la regularización masiva

La ley trans vuelve a colocar al Gobierno de Pedro Sánchez en el centro de la polémica política y jurídica. El Ejecutivo admite que permite cambios de nombre y sexo sin aprobar el reglamento que debía desarrollarla. Se aplican los efectos más sensibles de la Ley 4/2023 sin completar el procedimiento exigido por la propia norma.

El artículo 50 de la ley trans amplía la rectificación registral a extranjeros en determinadas circunstancias. Pero condiciona su aplicación a un desarrollo reglamentario específico que debía aprobarse en el plazo de un año. Ese desarrollo nunca se materializó y, aun así, el Gobierno ha activado la prerrogativa.

En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo reconoce que los cambios se tramitan sin reglamento en vigor. Es decir, ejecuta una previsión especialmente delicada sin culminar el marco técnico que debía garantizarla. Para diversos juristas, no es agilidad administrativa, sino una aplicación incompleta y jurídicamente cuestionable.

Reglamento inexistente y hechos consumados

La ausencia de reglamento no es una formalidad irrelevante, sino la garantía de cómo, cuándo y bajo qué controles se aplican derechos sensibles. En lugar de reforzar ese marco, el Gobierno ha optado por el atajo político. Se consolida así una práctica habitual: aprobar leyes con gran carga simbólica y dejar en el aire los mecanismos técnicos.

Las preguntas registradas por Sumar y el Bloque Nacionalista Gallego evidencian que el Ejecutivo no cumplió su obligación reglamentaria. Aun así, continúa aplicando los cambios registrales como si nada faltara. La contradicción es evidente y la responsabilidad, también.

El argumento oficial es que se analiza caso por caso la imposibilidad de rectificación en el país de origen. Pero sin un reglamento que fije criterios objetivos y verificables, esa revisión queda a la discrecionalidad administrativa. La falta de transparencia alimenta dudas que el propio Gobierno podría disipar aprobando, de una vez, el texto pendiente.

Regularización masiva y ampliación sin control claro

Todo ocurre además en paralelo a la regularización masiva pactada por PSOE y Podemos y avalada en el Consejo de Ministros. El plan puede afectar a más de medio millón de personas y activa derechos desde la mera solicitud. La magnitud de la medida exigía, si cabe, mayor rigor normativo.

Desde el momento en que se presenta la petición, se suspenden órdenes de expulsión y se abren puertas laborales y sanitarias. A esa ampliación se suma ahora la posibilidad de rectificar nombre y sexo sin que exista el desarrollo reglamentario previsto. La combinación de decisiones aceleradas y normas incompletas dibuja un escenario de gestión improvisada.

El patrón se repite: primero se anuncia la medida, después se aplica y solo más tarde se aborda, si llega, el encaje técnico. Para sus críticos, no se trata de inclusión ni de derechos, sino de gobernar por impulsos y consolidar hechos consumados. La pregunta de fondo es si el Ejecutivo considera opcional cumplir sus propias obligaciones legales.