El Gobierno da una subvención de 900.000 euros sin contraprestación para estudiar la planta Typha en Pikine, Senegal

En agosto de 2024, el Gobierno aprobó una subvención directa de 900.000 euros para financiar un proyecto de economía circular en la ciudad de Pikine, en Senegal, centrado en la valorización de la biomasa de la planta Typha australis, conocida comúnmente como espadaña. La ayuda, concedida bajo la fórmula de “subvención y entrega dineraria sin contraprestación”, ha suscitado críticas por el destino de fondos públicos españoles a iniciativas en el extranjero en un contexto de tensión presupuestaria interna.

Según la información oficial de la convocatoria, fechada el 28 de agosto de 2024, se trata de una “concesión directa – instrumental” con un presupuesto total de 900.000 euros. El título del proyecto especifica que se enmarca dentro de la “Convocatoria Instrumental PROTEC 2024 Senegal”, cuyo objetivo es impulsar la economía circular mediante la valorización de la biomasa de la Typha australis en la ciudad senegalesa de Pikine.

Así lo denunció el pasado martes Pablo Cambronero en su cuenta de X, antes conocida como twitter.

La Typha australis es una planta invasora presente en humedales de Senegal y otros países africanos. De acuerdo con la documentación técnica del proyecto, su proliferación genera problemas ambientales y de gestión del territorio.

El estudio financiado con fondos públicos españoles persigue analizar posibles usos energéticos y constructivos de esta biomasa, así como su aprovechamiento en biocompuestos. Para ello, se contempla la extracción manual de fibras y su posterior estudio para aplicaciones industriales.

La concesión se realizó sin financiación europea y bajo el formato de subvención directa, es decir, sin concurso público abierto, lo que implica que el beneficiario fue designado conforme a los criterios establecidos por el órgano concedente. La fórmula de “sin contraprestación” indica que no existe un retorno económico directo para la Administración española, más allá de los objetivos de cooperación o desarrollo internacional que sustenten la iniciativa.

La decisión ha generado debate político sobre las prioridades del gasto público. Diversas voces cuestionan que, en un momento en el que España afronta desafíos económicos, sanitarios y sociales, se destinen casi un millón de euros a un proyecto de investigación y valorización de una planta invasora en un país extranjero. Los críticos sostienen que estos recursos podrían haberse dirigido a necesidades internas urgentes, como la sanidad, la dependencia o la investigación biomédica.

Por su parte, desde el ámbito de la cooperación internacional se defiende que este tipo de proyectos forman parte de la estrategia de acción exterior y desarrollo sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la promoción de modelos de economía circular en terceros países. La valorización de la biomasa de la Typha australis podría contribuir, según los promotores, a generar empleo local, reducir el impacto ambiental y fomentar nuevas cadenas de valor en Senegal.

La controversia, en cualquier caso, vuelve a situar el foco sobre el control y la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a cooperación internacional. La cuantía —900.000 euros— y la naturaleza de la ayuda —directa y sin contraprestación— han alimentado el debate sobre la rendición de cuentas y la evaluación de resultados de este tipo de iniciativas financiadas con dinero de los contribuyentes españoles.