La Fiscalía respalda al etarra Goñi mientras las víctimas siguen esperando justicia
La sentencia fijó 50 km
porEDATV
politica
El terrorista ha obtenido el tercer grado tras años de prisión
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La asociación de víctimas Covite denunció que la concesión del tercer grado al etarra Asier Arzallus Goñi supone una 'amnistía encubierta'. Sostienen que no ha mostrado arrepentimiento, requisito legal para aplicar beneficios penitenciarios.
Goñi fue condenado por los asesinatos en 2000 de dos guardias civiles, un funcionario de prisiones y el periodista José Luis López de Lacalle. Acumuló penas de hasta 125 años, con un máximo efectivo de 30.
Tras cumplir 16 años en España y siete en Francia, el Gobierno vasco autorizó su paso al régimen de semilibertad. Su progresión coincidió días después con la del jefe etarra ‘Txeroki’.
Antes de esa decisión, surgió la polémica sobre la orden de alejamiento respecto a las víctimas. La sentencia hablaba de 50 kilómetros, aunque las familias habían solicitado 50 metros.
Las víctimas reclaman una protección efectiva.
La defensa pidió aclararlo al considerar que existía una contradicción en la resolución judicial. Presentó un recurso para concretar la distancia exacta y poder cumplir la medida sin dudas. El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos García-Berro se adhirió a esa petición.
El Ministerio Público argumentó que el condenado debe conocer con precisión las condiciones para cumplir la pena. Señaló que una distancia mal definida genera inseguridad jurídica.
La Audiencia Nacional había concretado la prohibición de acercarse a menos de 50 kilómetros de Bilbao, Guecho y Leioa. También le impedía residir en este último municipio durante nueve años.
El fiscal recordó que precisar la ejecución no cambia la condena. Según su criterio, mantener los 50 kilómetros podría hacer la medida imposible de cumplir eficazmente.
Apuntó que probablemente se trataba de una confusión y que debía fijarse en 50 metros. Esa era la petición inicial de las víctimas.
Para justificar su postura citó jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo. Señaló que una pena de alejamiento debe permitir al penado saber con claridad cuándo la incumple y qué zonas tiene prohibidas.
